Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, seguirá esperando la decisión que tome la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso respecto al informe de calificación que fundamenta las denuncias constitucionales en su contra por haber ejercido como presidenta y representante legal del Club Departamental Apurímac cuando ya asumía funciones en el Poder Ejecutivo,
Recordemos que el documento fue emitido por la Contraloría en mayo.
En efecto, el grupo de trabajo, liderado por la legisladora Rosío Torres (Alianza para el Progreso), reprogramó la sesión para debatir el informe contra Dina Boluarte para el próximo martes 14 de junio a las 8.00 a. m.
Cabe mencionar que según la agenda de la SAC, el informe de calificación iba a ser presentado este viernes 10. No obstante, no hubo el quórum reglamentario para iniciar el debate, por lo que se decidió suspender y convocar a una nueva sesión extraordinaria el martes.
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Las acusaciones hacia la también titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) sustentan los supuestos delitos de abuso de autoridad, negociación incompatible y omisión de actos funcionales, además de una presunta infracción a tres artículos de la Constitución.
Del mismo modo, a Boluarte Zegarra se le cuestiona por no haber colocado en su hoja de vida que sus parientes habían hecho contrataciones con el Estado.
Por su parte, el informe de calificación del equipo técnico de la Subcomisión de Acusaciones recomendó declarar procedentes las denuncias que tiene la funcionaria por una presunta infracción a la carta magna.
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En ese sentido, el documento dio luz verde a las denuncias presentadas por las legisladoras Norma Yarrow, Diana Gonzales, Adriana Tudela y Patricia Chirinos de Avanza País. A este se suma la denuncia del parlamentario Javier Padilla de Renovación Popular, así como la del ciudadano César Candela.
Es importante señalar que en caso de que la Subcomisión apruebe estas denuncias contra Dina Boluarte, la vicepresidenta del Gobierno de Pedro Castillo podría ser destituida como ministra e inhabilitada de la función pública.