El empresario Zamir Villaverde, investigado por la adjudicación irregular de siete contratos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por un monto de S/ 804,5 millones, declarará este viernes 13 de mayo a las 9.00 a. m. ante la Segunda Fiscalía Provincial de Lavado de Activos a cargo de Luz Taquire Reynoso. A esa misma hora también tomará su declaración la Comisión de Fiscalización del Congreso que lidera el fujimorista Héctor Ventura.
Sobre su declaración ante el Ministerio Público, fuentes cercanas a La República, informaron que el empresario inmobiliario y de seguridad Zamir Villaverde busca convertirse en colaborador eficaz en el caso Sarratea, que investiga presuntos actos de corrupción en Provías Descentralizado.
No obstante, la investigación por lavados de activos responde a las declaraciones de la colaboradora eficaz Karelim López, quien manifestó ante el despacho de la fiscal Taquire que Villaverde habría ofrecido obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a empresas con la colaboración de Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del presidente Pedro Castillo.
Por esta razón, la Comisión de Fiscalización también tomará la declaración de Villaverde, quien se encuentra recluido en el centro penitenciario Ancón I como parte de la investigaciones por el caso Puente Tarata III.
“Se dispone a reprogramar la declaración indagatoria del investigado Marco Antonio Zamir Villaverde García para el día 13 de mayo de 2022 a las 09.00 horas, la cual se realizará en la sala de diligencias del Centro Penitenciario Ancón I, a fin de que brinde su declaración indagatoria sobre los hechos materia de investigación”, reza la misiva del Congreso.
El investigado adelantó —sin prueba alguna— ante la Comisión de Fiscalización que el presidente Pedro Castillo presuntamente manipuló las últimas elecciones junto con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sobre esta denuncia se espera que brinde las pruebas como lo sugirió el presidente del JNE, Jorge Salas, para que sea la Fiscalía quien investigue el caso.
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Documento que difundió la Comisión de Fiscalización.
De acuerdo a fuentes de la administración de justicia, entre el 7 y el 9 de abril, previo a que la fiscal Karla Zecenarro sustentara ante el Poder Judicial el pedido de 36 meses de prisión preventiva, los abogados de Villaverde informaron que el empresario quería acogerse a colaboración eficaz.
Sin embargo, pretendían que la Fiscalía retire el pedido de prisión preventiva en su contra. Villaverde, habrían dicho, aportaría información sobre los negociados en las licitaciones de obras públicas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Como es habitual en estos casos, la fiscal respondió que el investigado debía tener claro que acogerse a la colaboración eficaz implica un reconocimiento de responsabilidad en uno o más delitos y a partir de la información entregada se le podría otorgar beneficios legales. Después, no antes.