El presidente de la República, Pedro Castillo, puede ser suspendido de sus funciones por el Congreso. El último miércoles 14 de abril, la Comisión Permanente autorizó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) investigar al mandatario por el presunto delito de traición a la patria.
El grupo parlamentario multipartidario tendrá 15 días hábiles para determinar si el jefe de Estado incurrió en infracción constitucional por haber declarado en enero de este año, ante un medio internacional, sobre la posibilidad de otorgar salida al mar a Bolivia previa consulta popular.
Luego de ello, la acusación constitucional continuará hasta llegar al pleno del Parlamento, la última instancia que decidirá si la denuncia contra Pedro Castillo pasa a la Fiscalía de la Nación o es archivada, esto según los votos de la mayoría absoluta congresal -excluyendo a los integrantes de la SAC-. De aprobarla, el presidente quedará suspendido de sus funciones hasta que la justicia resuelva la demanda.
¿Es acaso este procedimiento una alternativa ante el fracaso de las dos mociones de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, que estuvieron lejos de alcanzar los 87 votos?
Para el constitucionalista César Delgado Guembes, está claro que sí. El letrado explicó a La República que la denuncia constitucional pudo ser usada como alternativa para separar a Pedro Castillo de sus funciones a través de la suspensión.
Comentó que tanto la acusación constitucional como la vacancia, al ser llevadas por los congresistas, se convierten en procesos políticos. No obstante, aclaró que los procedimientos son técnicamente diferentes: mientras que la suspensión por denuncia tiene un trámite extensivo y se influencia por el impulso político del momento, el otro puede resolverse en menos tiempo, además de que emplea criterios morales.
“El proceso de la acusación constitucional es más exigente que en el caso de vacancia. En esta última tiene que jugar con los valores morales. Está en un ámbito mucho más discrecional. En cambio, en la acusación tienes que utilizar un poco más de criterios jurídicos”, indicó.
Por otro lado, el analista político Alonso Cárdenas, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, consideró que, en caso de que el Congreso logre suspender a Pedro Castillo de la Presidencia de la República, esto provocaría la movilización ciudadana exigiendo el adelanto de elecciones.
Al respecto, indicó que la acusación constitucional -a la que también se refirió como “una especie de vacancia disfrazada”- no llegará a su última instancia en el Parlamento, debido a que sustenta en argumentos burdos. Sin embargo, señaló que de ser aprobada por el pleno podría abrir una “caja de pandora” negativas para el Legislativo.
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“La suspensión del mandatario, que sería una especie de vacancia disfrazada, podría abrir una caja de pandora de consecuencias imprevisibles para el Congreso. (...). La población podría movilizarse ante una indignación ciudadana que crece cada vez más, sobre todo, contra el Congreso y eso genere un adelanto de elecciones”, dijo el politólogo a este diario.