La acusada y abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza Ávalos, así como otros tres implicados en el caso Cócteles (Odebrecht) han solicitado que se deje sin efecto las restricciones que pesan en su contra desde agosto del 2021.
Loza y los letrados Edward García Navarro (exdefensa de Keiko), Luis Lazo y Lorena Gamero sustentaron a través de sus abogados ante la Segunda Sala de Apelaciones que la limitación de incomunicarse, directa o indirectamente, con los testigos, coinvestigados y falsos aportantes de Fuerza Popular debía variarse por comparecencia simple.
Si bien el 25 de agosto del año pasado el juez Víctor Zúñiga Urday les impuso dichas reglas por pedido del fiscal José Domingo Pérez, no apeló la medida la acusada Danae Calderón. Además, Arsenio Oré Guardia, a quien no se le dictó estas restricciones por motivos de edad (tenía 65 años al momento del presunto delito y no se cumplió con el requisito de pena probable mayor a 4 años de prisión), apeló para que se le denieguen las restricciones también porque adujo que no hubo sospecha fuerte en su contra.
El abogado de Loza, Juan Carlos Portugal, sostuvo así que en la decisión del juez Zúñiga no se sustentó adecuadamente el peligro de fuga, que solo se valoró la declaración de Jorge Yoshiyama sobre la amenaza en falsos aportantes y que “no hubo una calificación del juez sobre el concepto de amenaza”.
Las defensas de Lorena Gamero, Luis Lazo y García Navarro también alegaron vulneraciones al derecho de defensa, principio de legalidad, entre otros.
No obstante, la fiscal superior adjunta del equipo especial Lava Jato, Nelly Tapia, citó el extracto de un testigo protegido que afianzaba la tesis del Ministerio Público: “Keiko Fujimori organizó con los abogados del Estudio Oré Guardia, a cargo de Arsenio Oré y Edward García, la estrategia para buscar el archivo del caso por lavado de activos convenciendo o presionando a los falsos aportantes para que mientan y se ratifiquen como verdaderos los aportes dados por ellos, ya que Keiko estuvo en continuo contacto con el Estudio Ore y coordinaba la forma de anular la investigacion”.
Al finalizar el debate, el tribunal integrado por los jueces superiores Iván Quispe, Edgar Medina y Walter Gálvez indicaron que decidirán en los próximos días si revocan las limitaciones contra Giulliana Loza y otros coacusados, o las confirman.
Durante la investigación del caso Cócteles, el fiscal José Domingo Pérez pidió el 14 de diciembre de 2018 que se imponagan restricciones contra los seis abogados mencionados anteriormente. Sin embargo, tras 19 recusaciones (intentos para apartar a los jueces del caso), la solicitud se pudo evaluar recién a mediados de 2021.
Para aquel momento, la Fiscalía ya había presentado su acusación de 30 años de cárcel contra Keiko Fujimori. También lo hizo contra Giulliana Loza y otros abogados por el delito de obsstrucción a la justicia.
La Fiscalía postuló que los seis abogados habrían contribuido a la manipulación de versiones de testigos para el caso Cócteles y con amenazas a quienes revelaron ser falsos aportantes para la campaña presidencial de Fuerza 2011.