El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Juan Torres Tasso, resolverá en los siguientes días el hábeas corpus presentado por la defensa del presidente Pedro Castillo Terrones. El recurso tiene como objetivo que el Congreso archive la denuncia constitucional que fue admitida contra el mandatario en febrero por el delito de traición a la patria.
En su intervención el abogado de Castillo, Eduardo Pachas Palacios, indicó que la denuncia aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales vulneraba los principios de debida motivación (adecuada justificación), legalidad y presunción de la inocencia.
A ello también manifestó que la denuncia tenía como sustento “una ley derogada, ya que mi defendido no es militar ni policía en actividad”. Cabe precisar que esta denuncia fue formulada luego de que Castillo declarara en CNN, el 28 de enero pasado, la posibilidad de darle acceso al mar a Bolivia.
“Los informes de la Comisión Permanente no han descrito línea por línea la entrevista que tuvo el presidente (con CNN). Es solo un resumen de lo que les conviene y no ponen toda la conversación”, protestó el defensor de Pedro Castillo. Pachas sostuvo en este sentido además que Castillo no mencionó la palabra “soberanía” ni afirmó “entregarle soberanía al mar a Bolivia para que el territorio nacional sea alterado”.
En representación del Congreso participó el procurador Iván García, quien pidió al juez Torres que se mantenga la denuncia constitucional contra el presidente ya que “la Comisión Permanente aún no califica la denuncia contra Castillo” y esta no afecta la libertad personal del actual jefe de Estado.
Al término de la audiencia, el magistrado Juan Torres Tasso anunció que en los próximos días emitirá una sentencia al respecto donde dará a conocer si acepta el pedido de Castillo y ordena la anulación de la denuncia o esta se mantiene en el Congreso.
El 13 de marzo último, el jefe de Estado Pedro Castillo presentó una demanda de habeas corpus en contra de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso con el objetivo de que se declare nula la admisión de la denuncia constitucional en su contra por una supuesta traición a la patria.
Ello a raíz de que el grupo de trabajo había declarado procedente la denuncia constitucional formulada en contra del mandatario por presunta infracción de los artículos 32, 54, 110 y 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución y el supuesto delito de traición a la patria tras sus declaraciones sobre la posibilidad de darle acceso al mar a Bolivia.