PJ programa audiencia que verá habeas corpus del presidente Castillo contra la SAC este 25 de marzo
El Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima evaluará, este viernes 25 de marzo, si procede la demanda del presidente Pedro Castillo contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
La República en GoogleEl Poder Judicial ha programado, para este jueves 25 de marzo al mediodía, la audiencia de informe oral del habeas corpus formulado por el presidente de la República, Pedro Castillo, contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso.
Al respecto, el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima evaluará si procede la demanda presentada por Eduardo Pachas, abogado del mandatario, que solicita la nulidad de la denuncia constitucional contra Castillo Terrones, admitida por la SAC.
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La sesión se desarrollará a través del servidor de videoconferencia Meet, de Google, la misma que será transmitida por el canal Justicia TV del Poder Judicial.
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“Teniéndose presente para meritarse en su oportunidad, con conocimiento de la parte demandada para los fines de ley pertinentes, (...) prográmese audiencia de informe oral el día jueves 25 de marzo del 2022 a las 12.00 horas, a efectos de que se lleve a cabo el informe oral solicitado, debiéndose notificar al recurrente, como a la Procuraduría Pública respectiva como a los demás demandados con el mismo fin”, señala la resolución del juzgado.
Pedro Castillo presenta demanda de habeas corpus contra Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
El pasado 13 de marzo, el jefe de Estado Pedro Castillo presentó una demanda de habeas corpus en contra de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso con el objetivo de que se declare nula la admisión de la denuncia constitucional en su contra por una supuesta traición a la patria.
Dicha grupo de trabajo parlamentario había declarado procedente la denuncia constitucional formulada en contra del mandatario por presunta infracción de los artículos 32, 54, 110 y 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución y el supuesto delito de traición a la patria tras sus declaraciones sobre la posibilidad de darle acceso al mar a Bolivia.
