Tres empresas que formaban parte de la organización criminal conocida como el Club de la Construcción, perdieron un arbitraje con el que pretendían cobrar a Provías Nacional, organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una indemnización de 20,3 millones de soles.
Las constructoras brasileñas Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, y la peruana ICCGSA afirmaban que Provías Nacional no había logrado la disponibilidad de unos terrenos para la continuidad del proyecto Túnel Callao, en la avenida Néstor Gambetta, por lo que perjudicó el avance de la obra, generándole supuestamente pérdidas.
Las empresas recurrieron al Tribunal Arbitral de la Pontificia Universidad Católica del Perú para demandar que habían sido afectadas por Provías Nacional y exigieron S/ 20,3 millones.
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La fiscalía investiga a Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao e ICCGSA por su pertenencia al Club de la Construcción, cuyos integrantes pagaban sobornos para obtener millonarios contratos de Provías Nacional.
El tribunal arbitral a cargo de resolver la controversia desestimó las pretensiones del consorcio demandante, señalando que su pedido carecía de asidero legal, por lo que declaraba infundado la solicitud al MTC de un pago millonario.
El procurador del MTC, David Ortiz Gaspar, explicó que el consorcio de constructoras pretendía que el Estado asumiera una responsabilidad que le competía al proveedor.
Procurado David Ortiz Gaspar. Foto: Andina
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“El consorcio elaboró el expediente técnico. Por lo tanto, al haber realizado los estudios previos para la elaboración del expediente técnico, identificó las interferencias para la ejecución de la obra. Entonces, debió estimar el plazo para la liberación de los predios”, indicó el procurador Ortiz.
“En consecuencia, el consorcio debió prever que el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del expediente técnico generaría un perjuicio en el avance de la obra. Así que las constructoras incumplieron con sus obligaciones al haber entregado un expediente técnico defectuoso, ya que se limitó a identificar las interferencias y no coordinó los plazos que pudieran afectar el avance de la obra, por lo que esto indujo al error a la entidad Provías Nacional’', apuntó.
La demanda del consorcio contra Provías Nacional estaba en giro cuando reventó el caso del Club de la Construcción, por lo que la Procuraduría Pública del MTC debió iniciar una serie de acciones legales para evitar que se le pagase S/ 20,3 millones.
“Este caso estaba casi perdido, pero cuando saltó el caso del Club de la Construcción, se recusó a los árbitros, se conformó un nuevo tribunal y pudimos demostrar que el pedido no tenía sustento técnico ni jurídico. Y demostramos que lo que hacía el consorcio era sorprender al tribunal arbitral como lo hacían en otros procesos. La Procuraduría Pública ha logrado con éxito defender los intereses del Estado, al haber obtenido un laudo favorable en el proceso arbitral seguido con el Consorcio Túnel Callao”, señaló el procurador David Ortiz Gaspar.