Multan a 33 empresas por concertar en el ‘Club de la Construcción’

La Comisión de Libre Competencia de Indecopi sancionó a 33 empresas constructoras y 26 de sus principales directivos con multas ascendentes a 2.756 millones de soles por concertar de manera secreta en el cartel del ‘Club de la Construcción’ la adjudicación de 112 obras públicas.

El procedimiento sancionador es independiente en los hechos y en el marco del tiempo a la investigación que realiza el equipo especial del Ministerio Público del caso Lava Jato al ‘Club de la Construcción’.

La Fiscalía se limita al periodo 2010-2014 que comprende el gobierno de Ollanta Humala y solo a 19 empresas constructoras, las cuales habrían pagado sobornos para asegurarse la adjudicación de los contratos.

La comisión de Indecopi establece que el ‘Club de la Construcción’ empezó a actuar desde noviembre del 2002 hasta diciembre del 2016, abarcando los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

En este sentido, la institución que defiende a los consumidores investigó y sanciona la concertación de las empresas constructoras para participar en las licitaciones de construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de carreteras convocadas, en especial, por Provías Nacional por un valor de 14.000 millones de soles.

Entre las empresas sancionadas se encuentran las principales empresas constructoras peruanas como Graña y Montero, Cosapi, JJC Contratistas, ICCGSA, Obrainsa, Málaga y las empresas extranjeras Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, Camargo Correa, entre otras.

La concertación afectó la libre competencia y perjudicó al Estado, pues no pudo conseguir mejores precios ni servicios. Indecopi encuentra que las licitaciones durante la existencia del ‘Club de la Construcción’ se ofertaron con un margen de 7% del valor nominal a favor de las empresas, mientras que desde que el cartel dejó de operar los valores han disminuido al 90% promedio del valor nominal, en beneficio del Estado.

Libre competencia

Indecopi anunció las sanciones impuestas a las empresas de construcción en una conferencia de prensa a cargo del presidente de la institución, Julián Palacín Gutiérrez, y el titular de la Comisión de Libre Competencia, Jesús Espinoza Lozada.

“Quiero darle a la ciudadanía el mensaje de que estamos comprometidos con la autonomía resolutiva de la institución, y haré todos los esfuerzos para facilitar el trabajo a los especialistas a fin de que sigan desarrollando investigaciones con toda la autonomía y tecnicismo para que sigan detectando, desarticulando y sancionando a los cárteles empresariales que tanto daño causan”, indicó.

Agregó que una de las modalidades más graves de conductas anticompetitivas son los acuerdos entre empresas postoras para no competir y, en su lugar, repartirse las licitaciones que convoca el Estado. Este tipo de conductas ilegales generan gastos excesivos al Estado, debido a que los postores dejan de competir por obtener la buena pro, lo que incrementa el valor de sus propuestas.

Las multas impuestas a las 33 empresas suman S/ 2.749,52 millones. Además, a los 26 ejecutivos involucrados en la infracción se les impone multas por S/ 6,7 millones. Las empresas y ejecutivos sancionados pueden apelar.

Luego, Espinoza Lozada explicó los detalles de la investigación y las pruebas encontradas. Indicó que el procedimiento administrativo se inició de ofició el 2017 y que en una primera medida se allanaron y capturaron 12 millones de archivos electrónicos, en especial de correos que han permitido establecer la concertación.

Durante el procedimiento, tres empresas: Mota Engil casa matriz y sus dos sucursales en el Perú, así como los ejecutivos Norma Zepilli y Hernando Graña admitieron su participación en la concertación y entregaron valiosa información sobre las actividades del cartel.

Estas declaraciones y los e-mail permitieron establecer que el cartel nació en una reunión de directivos de empresas constructoras realizado en el hotel El Golf Los Incas de San Isidro, la tarde del 12 de noviembre del 2002, luego de que el entonces presidente Alejandro Toledo anunciara una fuerte inversión en carreteras.

Los directivos de las empresas constructoras acordaron no competir entre sí y participar en las licitaciones de acuerdo a un turno y cuotas por costo de la obra, inicialmente fijado en 20 millones. Los turnos se mantuvieron durante toda la existencia del cartel, aunque para el 2016 la cuota estaba entre 400 y 500 millones de soles.

El reparto

El acuerdo, según los testigos y correos, consistía en que una empresa por turno se presentaba a una licitación y otras dos o tres la acompañaban con propuestas de mentira que solo tenían como objetivo cumplir con los procedimientos legales.

Las cuotas por valor de las obras permitían un cierto balance en los beneficios. Las empresas podían ceder o vender su turno o participar en consorcio cuando una obra excedía sus capacidades.

El ‘Club de la Construcción’ estuvo conformado por empresas nacionales , con la única excepción de la brasileña Odebrecht, que logró que su filial en Trujillo sea reconocida como una sociedad nacional por el Estado. A fines del gobierno de Toledo, ya todas las empresas constructoras extranjeras empiezan a participar en el ‘Club’, aprovechando su mayor capacidad.

Los correos intervenidos por Indecopi no dejan dudas sobre la concertación entre las empresas constructoras, pues se habla de los turnos y el cumplimiento de las cuotas. En un correo del gerente de la empresa constructora San Martín se pregunta por una obra y otro de los directivos le responde que ya la ha pedido Queiroz Galvao.

En otro correo de los funcionarios Efraín García y Luis Polo se incluye un listado de obras que serán licitadas por Provías, pero ya han sido pedidas por Odebrecht, Obrainsa, Grupo OHL, Andrade Gutierrez, Casa, Cosapi, Málaga y Superconcreto, por lo que se recomienda hablar con Fernando Castillo de ICCGSA para coordinar cuál es la que corresponderá a San Martín. La investigación de Indecopi no incluye la participación de funcionarios públicos, que es competencia de la Fiscalía.

Acuerdo con la Fiscalía no es vinculante para Indecopi

La constructora brasileña Odebrecht solicitó ser excluida del procedimiento administrativo en virtud del acuerdo de colaboración con el equipo especial Lava Jato, pero su recurso fue desestimado.

Indecopi respondió que el procedimiento administrativo sanciona la concertación privada para participar en una licitación pública, que no está sancionada en el Código Penal, a diferencia de la investigación de la Fiscalía que se refiere a delitos como asociación ilícita y sobornos a funcionarios públicos.

La sanción a las empresas constructoras extranjeras alcanza a sus casas matrices y las sucursales en el Perú. La sanción a Odebrecht sucursal Perú, Odebrecht Ingeniería y Construcción y Norberto Odebrecht Ingeniería y Construcción alcanza los 111,5 millones de soles.

Correos de la concertación empresarial