César Acuña: el guardaespaldas, el chofer y el hombre de la chequera

Por Christopher Acosta, periodista

Enrique Fernández La Rosa tiene 46 años y es un humilde chofer de vehículos de San Martín de Porres. A su cuenta, sin embargo, ingresan entre 2015 y 2016 una serie de transferencias bancarias por casi un millón de soles. Algo había pasado que le daría un giro a su vida. Años antes, había ingresado a trabajar a la Universidad César Vallejo.

En la sede Lima norte de la casa de estudios, en Los Olivos, Fernández La Rosa es contratado en el área de Transportes, como uno de los 14 conductores de vehículos con los que contaba la UCV. Sus labores se limitaban a trasladar al personal administrativo cuando se le solicita; pero un buen día recibiría un pedido diferente. En el área para la que trabajaba, se le exige su número de cuenta bancaria, y se le explica lo que va a ocurrir, prácticamente sin opción a que decida. Se le depositarán algunas sumas de dinero, de las que dispondrá bajo supervisión, y que serán empleadas en gastos de la campaña presidencial del dueño de la universidad: César Acuña Peralta.

Entre marzo del 2015 y agosto del 2016, ingresan a las cuentas de Enrique Fernández S/ 942.457. Existe registro bancario de todos los depósitos. Pero, pese a sus fines, nunca le son reportados ni rendidos a la ONPE, ni a ninguna autoridad electoral.

Durante ese tiempo, cada que le informaban de un nuevo abono, Fernández iba a alguna agencia del BCP -donde tenía su cuenta-, retiraba el dinero y, según las indicaciones que recibía, pagaba personal, servicios o material propagandístico de la campaña de Acuña. No sabía de dónde provenían los fondos, pero lo sospechaba. Los depósitos empezaron a menguar en 2016, conforme Acuña fue retirado de esa contienda electoral. El chofer empezaba a olvidar el asunto, y lo creía tema cerrado, cuando un buen día recibe una notificación en su casa que termina por asustarlo: era la Sunat.

En la universidad, Fernández operó bajo órdenes de Hugo Isaac Osterloh Vargas, jefe de Transportes. Fue él quien le pidió su cuenta, y quien lo introdujo en la campaña de Acuña, a quien “debían apoyar”. Se trata de un técnico de segunda de la Policía Nacional, que, en los pasillos del campus universitario, se precia de ser uno de los hombres de mayor confianza de su «jefe». César Acuña conoce a Osterloh desde hace veinte años, cuando le fue asignado como seguridad en el Congreso de la República, la vez que se hizo de una curul por primera vez, en el año 2000. Lo acompañó en ese rol por cinco años. Y, desde entonces, desarrollan una relación de tal confianza que Acuña lo convierte en su seguridad y mandadero personal. Cuando Osterloh se enteró por Enrique Fernández del documento de la Sunat, entendió que estaban en problemas.

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria había identificado cada uno de los depósitos bancarios a favor de Fernández La Rosa. Todos se habían hecho a su cuenta de haberes. Y siendo que no los había declarado, ni emitido recibo por honorarios por ellos, la Sunat lo conminaba al pago del Impuesto a la Renta por ese ingreso extraordinario de casi un millón de soles. El caso figura en la entidad tributaria en el Expediente N° 000-URD002-2018-434770-0, que exige el pago de esos impuestos, bajo pena de multa y congelamiento de cuentas. Fernández se negaba a ser quien respondiera por ese asunto. Lo justo era que quienes lo habían metido en ese problema, lo sacaran de aquel. ¿Quién le había hecho las transferencias?

El dinero provenía de Trujillo. Desde esa ciudad, quien hizo los depósitos a la cuenta del chofer del área de Transportes fue otro empleado de la Universidad César Vallejo. Su nombre es Francisco Ruiz Rojas, y aunque está asignado al área de Servicios Generales, es en la práctica el hombre de la chequera de César Acuña, su asistente personal. “Panchito”, como el candidato lo llama de cariño, transfiere dinero solo a quien Acuña indique. Digamos que administra su caja chica personal, entendiendo la figura en la proporción de la fortuna de su jefe. Pero a este personaje, clave en esta historia, es mejor que lo presente el propio César:

—Francisco Ruiz Rojas es mi persona de suma confianza, que manejaba mis chequeras en blanco, firmadas por mi persona.

Fue precisamente por esa vía, a través de la chequera personal que firmaba el político, que Ruiz convirtió en efectivo las sumas de dinero que luego se depositaban en la cuenta de Fernández La Rosa, utilizada para cancelar servicios de campaña: impresión de almanaques, distribución de volantes, pintado de paredes, pago de personal, y embarque, desde Lima, de material de propaganda para todo el Perú.

Francisco Ruiz también toma conocimiento de la cobranza coactiva de impuestos que venía sufriendo Enrique Fernández. Pero ni él ni Osterloh hacen mucho por ayudarlo. Cansado de la mecedora, Fernández toma valor y va hasta el local de Alianza para el Progreso, en Jesús María, donde aguarda el ingreso del líder del partido:

—Al entrevistarme en la calle con el ingeniero César Acuña Peralta me trató de manera déspota, diciéndome que verían mi caso, no dándome una respuesta concreta que me solucione el problema.

Pero abandonar a su suerte al trabajador que habían utilizado como prestanombre sería la peor decisión —lo sabrían meses después— que Ostherloh, Ruiz y Acuña pudieron tomar.

El chofer Enrique Fernández La Rosa se lo cuenta todo, con lujo de detalles, a la Fiscalía de Lavado de Activos. Y es solo cuando la cosa se pone seria que Francisco Ruiz corre a cerrar un trato con él. “Panchito” usa —qué casualidad— el mismo instrumento que utiliza Acuña para acallar a sus agraviados: una «transacción» de tipo «confidencial». El 13 de diciembre del 2018, las firmas de ambos se legalizan en la Notaría Carcausto Tapia, sobre un breve documento en el que, a cambio de obtener paga toda su deuda con Sunat, “Fernández asume el compromiso de desistirse de su denuncia penal, impulsando el archivo definitivo de la investigación”.

Pero es demasiado tarde. El caso avanza.

Hugo Osterloh Vargas y Francisco Ruiz Rojas son citados a testificar, y adquieren calidad de investigados tras aceptar su participación directa en el esquema revelado por Fernández. El chofer había proveído a la Fiscalía no solo su estado de cuenta bancaria donde figuran los depósitos, sino además detalles de los gastos de campaña que asumió con ese dinero, que no era suyo. Ante la evidencia, Osterloh y Ruiz, dos de los hombres en los que más confía su jefe, coinciden: César Acuña no solo sabía, sino que autorizó las transferencias de dinero a favor de Fernández La Rosa.

—El dinero ha salido de mis cuentas personales —termina reconociendo César Acuña el 16 de enero del 2019, interrogado en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Lavado de Activos, de Lima norte.

El fiscal Manuel Torres Torres le ha puesto al frente las declaraciones de su seguridad y del administrador de su chequera, y no hay otra cosa que allí pueda decir. Ni siquiera puede negar conocerlos: a “Panchito”, porque sigue trabajando para él en la universidad; y a Osterloh, porque se lo hereda a su hijo congresista: se convierte en seguridad en el parlamento de Richard Acuña.

Es cuando el representante del Ministerio Público indaga por las razones por las que no declaró ante la autoridad electoral esos gastos de campaña, que Acuña ofrece una de esas frases exóticas que recopila este libro:

—Las transferencias no eran gastos de campaña, eran para crear imagen de persona —responde.

Según el excandidato presidencial, no tendría por qué haber comunicado a la ONPE, siguiendo los mecanismos de ley, sobre esos movimientos financieros que considera «actos privados». Para Acuña es tan natural lo que ha autorizado, utilizando personal de su universidad, que pasa a detallar el papel de cada uno de los participantes en ese novísimo sistema de financiamiento político:

—El que hacía el presupuesto era Hugo Isaac Osterloh Vargas y Enrique Fernández La Rosa, luego Francisco Ruiz Rojas era el que hacía el desembolso, él manejaba mi chequera personal con mi firma de puño y letra —explica.

Así, César construye, a través del chofer, su guardaespaldas y el hombre de la chequera, un régimen de financiamiento paralelo de su campaña presidencial del 2016, utilizando dinero en negro. Ni Enrique Fernández La Rosa figura como aportante de Alianza para el Progreso en los registros de la ONPE, ni la autoridad es informada de los gastos que este administró. La campaña de Acuña ese año fue la más cara del país, y hoy se sabe que su costo fue incluso mayor.

Fernández es apenas un botón de muestra de lo que con alto grado de certeza fue un esquema no solo usado sino explotado por el líder de APP. Según el chofer, no fue el único al que utilizaron de esa manera. Ha revelado que fueron cerca de diez personas, entre ellos trabajadores de su área, la de Transportes de la UCV Lima norte, las que fueron coaccionadas para brindar sus cuentas con el fin de recibir sumas de dinero que tenían como destino el financiamiento de esa campaña. Quizá esa deba ser la línea que deba estar investigando la ONPE, una vez más burlada.

Luego de que Fernández La Rosa consigue que Acuña pague finalmente sus impuestos –S/ 314.852 en total—, este cumple su parte del trato: acude a la Fiscalía y presenta un documento por el que se desiste de seguir con la denuncia. El fiscal se sorprende. Durante el interrogatorio -que se registra en actas- explora con el denunciante arrepentido sus razones. Entonces Fernández cuenta que firmó el documento de desistimiento luego de reunirse, en el local de APP, con un señor del que no se acuerda su nombre, pero sí su apellido:

—Valdez.

*El autor es jefe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias. Y la historia que aquí se reproduce es parte de su libro Plata como cancha.

Esquema de traslado de fondos de Acuña a prestanombre para gastos de campaña no declarados

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