Este viernes 26 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones del Congreso de la República inició el proceso de la denuncia constitucional presentado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el expresidente de facto Manuel Merino, el ex primer ministro Ántero Flores Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves, entre otros.
Los ex altos funcionarios fueron denunciados como autores de estos delitos por incumplir su deber constitucional y legal en el ejercicio de sus cargos como las más altas autoridades del país, de proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos que participaron en las movilizaciones en noviembre del 2020, que tuvieron como consecuencia las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como las lesiones sufridas por 78 personas.
Asimismo, por no haber adoptado medidas para controlar el uso desproporcionado de la fuerza policial pese a las circunstancias en que venían desarrollándose. Esto tras conocerse, de acuerdo a la tesis fiscal, que los exministros contaban con información oficial acerca de la intensificación de la represión policial.
Fue así que la titular de la Subcomisión de Acusaciones, Rocío Torres de Alianza para el Progreso (APP), y los miembros del grupo de trabajo aprobaron por mayoría iniciar el proceso contra Merino de Lama, quien asumió por tan solo seis días la presidencia durante la crisis propiciada por el Congreso tras la vacancia al exmandatario Martín Vizcarra.
En la última sesión del 19 de noviembre se dio cuenta de la solicitud que presentó la legisladora Ruth Luque, de Juntos por el Perú (JP), para ver con celeridad la denuncia contra Merino y los exministros.
No obstante, la parlamentaria fujimorista Martha Moyano, miembro de la Subcomisión, calificó de “inapropiada” la iniciativa porque consideró que se estaría “perjudicando” el trabajo interno del equipo al adelantar opinión. Esta postura fue respaldada por su colega de bancada Ernesto Bustamante, quien señaló que “no se debe intervenir” en el tema antes de que se haya analizado.