Arequipa: Fiscalía plantea hasta 31 años de cárcel para Elmer Cáceres Llica
Día D. Este miércoles al mediodía inicia la audiencia de prisión preventiva. En requerimiento de la Fiscalía se refiere que por los graves delitos cometidos el gobernador de Arequipa podría purgar más de 30 años de prisión. Penas para los demás implicados superan los 13 años.
Por: Elizabeth Huanca Urrutia
La audiencia de prisión preventiva por 36 meses contra nueve de los 25 investigados por el caso los “Hijos del cóndor” inicia este miércoles 3 al mediodía.
La medida solicitada por el fiscal Arturo Valencia Paiva pesa contra el gobernador, Elmer Cáceres Llica, los consejeros Veto Bernal Huarca y Yeimy Flores Quicaña. Así como para los funcionarios de primera línea del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Gregorio Palma(Gerente general), Javier Rospigliosi (Gerente de planeamiento y presupuesto y Director de Sedapar), Marcelo Córdova (Ex gerente Autodema y Gerente de Copasa), Wilfredo Leo Dan LLaiqui (Asesor- Representante del GRA ante la comisión Anticorrupción), Napoleón Ocsa (Gerente Autodema) y Mario Jacobo ( presidente de la Asociación Pampas Bayas).
Los “Hijos del cóndor”, sería una red criminal liderada por la primera autoridad de Arequipa. Este apoyado por funcionarios de confianza, consejeros “aliados” y dirigentes, habrían concertado indebidamente a cambio de beneficios económicos, laborales y entrega de terrenos en favor de la gestión regional. En ese contexto, se les acusa de los delitos de organización criminal y cohecho activo genérico (soborno).
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El requerimiento fiscal ha sido presentado exclusivamente contra los “hombres claves” de la organización. Y es que, el lunes último, seis de los investigados que junto a Cáceres, cumplían detención preliminar, entre ellos los consejeros Ysrael Zúñiga y Miguel Guzmán fueron puestos en libertad. Otros dos, Augusto Palaco y Edwin Esquivel, asesor legal del GRA y asesor de Cáceres, respectivamente esperan que el plazo de detención (10 días) termine, mientras que tres consejeros se encuentran prófugos, Santiago Neyra, Tomás Ayñayanque y Richard Cervantes. Para estos últimos, la fiscalía planteará un pedido de prisión preventiva paralelo.
En esa línea, la fiscalía buscará que las principales piezas de la presunta organización delictiva permanezcan en prisión, mientras concluya la compleja investigación.
Para asegurar ello, de acuerdo a fuentes confiables de La República, el fiscal a cargo del caso, ha incorporado nuevas pruebas, entre ellos, testimonios de “aliados” que postulan como colaboradores eficaces, audios reveladores que involucran a otros consejeros e incluso evidencias de que estos designaban a dedo proveedores con la venia de Cáceres.
Penas graves
El requerimiento fiscal, también se apoya en un aspecto clave; la posible condena que pesaría contra los “Hijos del cóndor”. En ese sentido, la prognosis de pena plantea para el gobernador una sanción mínima de 22 años y una máxima de 31 años de cárcel por los delitos de Organización criminal y Cohecho activo genérico.
Para los consejeros regionales por Caylloma, Veto Bernal y de La Unión, Yeimy Flores, la condena también sería dura. El primero es acusado de ser el líder de la organización criminal paralela al interior del consejo regional. Este se encargaba de reclutar a los consejeros “aliados” para que la gestión regional operará con impunidad. Tenía a cargo la entrega de terrenos de forma ilícita a favor de sus pares, además habría recibido dinero del gobernador por su apoyo.
En el caso de Flores, según la tesis fiscal, no solo habría sido una de las más activas “aliadas” de Cáceres, sino una de las más favorecidas. Además de haber asegurado terrenos -a través de testaferros debidamente identificados- en las asociaciones “Pampas Bayas”, “Sol radiante” y “4 de setiembre”, habría favorecido a proveedores con órdenes de servicios entre 2020 y 2021. En la fiscalía obran estos documentos, así como órdenes de pago que comprometerían seriamente a la consejera.
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En el caso de Gregorio Palma, Javier Rospigliosi, Marcelo Córdova y Mario Jacobo, la prognosis de pena es de 13 años.
En tanto que, para Napolén Ocsa y Leo Dan Llayqui el pedido de la Fiscalía va entre los 20 y 22 años respectivamente. Este último, era el punto nodal de coordinación entre los consejeros, de igual forma llevaba los encargos (canastas y dádivas) a los consejeros.
Testimonio clave del asesor legal
Entre los nuevos elementos de convicción que plantearía la Fiscalía, estaría la declaración voluntaria del asesor legal del GRA, Augusto Palaco, sindicado como parte de la organización y quien inicialmente estuvo prófugo. Este se puso a derecho el jueves 28 de octubre.
En su testimonio, habría mencionado el rol clave que jugaron Marcelo Córdova, Napoleón Ocsa, Gregorio Palma y Veto Bernal en torno a la entrega en cesión en uso de los terrenos de Majes para la asociación “Sol radiante”, donde siete consejeros y funcionarios aliados, se habrían favorecido. Su declaración involucraría a Cáceres Llica.
El Fiscal Arturo Valencia, señaló que todos los investigados están sujetos al proceso. Deben acudir en caso se les requiera.
Asimismo el fiscal plantea interrogar a más de 50 autoridades y funcionarios del GRA. Entre ellos la esposa del gobernador.
