La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, descartó que exista de parte del Ministerio Público algún tipo de persecución política contra el secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, luego de que así lo acusara el también exgobernador regional de Junín. En ese sentido, refirió que los indicios del caso Los Dinámicos del Centro existían desde mucho tiempo antes de que Perú Libre tomara el liderazgo del Gobierno a través de Pedro Castillo.
“Falso, falso, falso. El Ministerio Público no persigue a nadie, somos neutrales. Ese señor tiene investigaciones. Desgraciadamente, muchos de los políticos dicen que es por persecución política. No hay persecución política contra el imputado Cerrón, no lo hay. Eso sí te lo puedo decir categóricamente”, declaró este lunes 27 de setiembre en Exitosa.
“El ministro Público trabaja e investiga delitos que desgraciadamente comprometen a personas, y, como verás, las investigaciones contra Cerrón se han iniciado hace mucho tiempo atrás (...) Esas pruebas no se las ha fabricado el fiscal, esa investigación ha venido siguiendo su curso. Mal pueden decir que hay una persecución política”, añadió.
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Recientemente, a través de su cuenta de Twitter, Vladimir Cerrón había escrito en su cuenta de Twitter: “Toda la patraña de lavado de activos montada para aislar, perseguir y encarcelar a los líderes de Perú Libre irá desmoronándose”, en referencia a un comunicado en el que la minera Chinalco S.A. negó haber entregado dinero al líder del partido del lápiz.
Vladimir Cerrón debe aclarar el otorgamiento de diversos contratos de obras públicas en su gestión como gobernador regional de Junín, del 2010 al 2014. Foto: Aldair Mejía / La República
Por otro lado, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, reprogramó para este martes a las 9.00 a. m. la audiencia sobre el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva para 18 investigados que tendrían vínculos con la presunta organización criminal de Junín. Actualmente, Cerrón mantiene denuncias por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios.
La Fiscalía había incluido más de 400 páginas de elementos de convicción; por tanto, los abogados solicitaron más tiempo para poder revisarlas.