Murió el terrorista Abimael Guzmán: ¿cuál sería el protocolo para sus restos?
El INPE y la Fiscalía sostuvieron que no hay un procedimiento específico para presos por terrorismo. Tras su muerte, se ha aplicado el proceso establecido para cualquier deceso en reclusión. Sin embargo, queda pendiente el destino final de sus restos.
El principal cabecilla y fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, falleció el sábado 11 de setiembre. Tras su deceso, a causa de una neumonía, en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, el destino de su cadáver se ha convertido en tema de discusión pública.
Congresistas oficialistas y de la oposición, así como familiares de víctimas de la organización terrorista, han sugerido que sus restos sean incinerados y desaparecidos. Así lo informaron distintos medios de comunicación, como RPP Noticias.
El mismo día del deceso, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, expresó en diálogo con TV Perú que “cualquiera que sea la decisión del Ejecutivo, todo el país tenemos que estar de acuerdo con los mecanismos que se tienen que dar”. Asimismo, manifestó que “la posición del Ejecutivo es clara en la lucha contra el terrorismo”.
En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, precisó en una entrevista a RPP que los restos de Guzmán son competencia del Ministerio Público, conforme la Ley General de Salud, y afirmó que el interés del país debe prevalecer en la decisión que se tome.
Entonces, ¿cuál es el destino del cuerpo del cabecilla terrorista? PerúCheck revisó las vías de resolución de este tema.
¿Qué sucede cuándo una persona muere dentro del sistema penitenciario?
Desde el área de prensa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), explicaron a PerúCheck que cuando un sentenciado recluido en un penal —un preso o presa— muere, “primero se debe informar al alcaide de servicio, como especifica el artículo 40 del Reglamento General de Seguridad”. Es esta autoridad quien notifica al médico de servicio o solicita uno de un centro de salud para que certifique el deceso.
Una vez confirmada la defunción, el cuerpo no debe ser movido hasta que el fiscal lo autorice. Mientras tanto, el alcaide debe informar al Ministerio Público y a la Policía Nacional para las acciones de ley. También se comunicará con la oficina regional competente y la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE, para la notificación a las autoridades.
No obstante, este protocolo está pensado para los penales. Precisaron que para el caso de Abimael Guzmán, “la autoridad máxima encargada de la comunicación de la Base Naval es la jefa del INPE (Susana Silva)”. Asimismo, indicaron que cuando el cuerpo sale del centro de reclusión y es trasladado a la morgue, el organismo encargado de decidir el destino del fallecido es la fiscalía provincial correspondiente.
¿Cuál sería el destino de los restos del senderista?
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, señaló en RPP que, cuando alguien muere en reclusión penitenciaria, se abre una investigación y “se hacen pruebas, entre ellas, la necropsia, de ADN y otros exámenes”. Ello a diferencia de cuando el deceso ocurre en un hospital o bajo atención médica; en ese caso, “se entrega el cadáver de forma automática” a los familiares directos, debidamente acreditados.
Además de las pruebas mencionadas, los fallecidos en reclusión también son sometidos a exámenes antropológico, patológico, toxicológico, dactilar, químico y a un odontograma. Los resultados, en el caso de Guzmán Reinoso, concluyeron que la identidad sí le corresponde, como aseveró Ávalos a dicho medio.
La fiscal también precisó que el grupo de congresistas que acudió al despacho fiscal provincial demandando pruebas fueron informados de todas las diligencias realizadas, “se les mostraron videos y fotos del protocolo de necropsia”. “Quedaron satisfechos”, expuso Zoraida Ávalos.
La titular del Ministerio Público indicó, a su vez, que el fiscal encargado del caso “tiene un tiempo para sus investigaciones” antes de tomar la decisión sobre qué se hará con los restos del cabecilla terrorista, pero esta debe darse luego de una “interpretación sistemática de la normativa”.
Esta normativa incluye, en primer lugar, el inciso 1, artículo 159, de la Constitución Política, donde se establece que un fiscal debe velar por los intereses públicos. En segundo lugar, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que señala que el fiscal “tiene como funciones la defensa de la legalidad, derechos ciudadanos, representación de la sociedad para defender a la familia, menores y el interés social”.
Por último, el fiscal a cargo también actúa bajo el artículo 19 de la Ley de la Carrera Fiscal, pues debe tener en cuenta que sus decisiones “causan impacto en la sociedad y asume la responsabilidad de estas”.
En tanto, Ávalos indicó que, respecto a la incineración del cuerpo de Guzmán Reinoso, el fiscal competente se encuentra ante un “vacío legal”. Según afirmó, no hay normas o procedimientos específicos que establezcan cómo se debe actuar en casos de este tipo de muertes. Para la fiscal de la Nación, es competencia del Congreso o del Gobierno legislar sobre este tema.
La posición del Gobierno
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, dirigió un oficio a la fiscal de la Nación en el que sugiere la cremación del cuerpo del cabecilla senderista, debido a que otra decisión “podría conllevar afectaciones al orden público y la seguridad”.
El abogado basó su recomendación en el artículo 114 de la Ley General de Salud, que establece que “los cadáveres de personas que, habiendo sido identificadas, no hubieran sido reclamadas dentro del plazo de 36 horas luego de su ingreso a la morgue, podrán ser dedicados a fines de investigación o estudio”. Lo mismo indica el Manual de Procedimientos Tanatológicos Forenses y Servicios Complementarios, también mencionado por el ministro en su oficio.
Torres Vásquez ha expresado en distintas entrevistas que enterrar a Guzmán como cualquier otro preso daría lugar a que seguidores de su pensamiento quieran enaltecerlo o rendirle homenaje. Esta posibilidad, además de considerarse dolorosa para las víctimas y miles de peruanos, constituiría delito de apología al terrorismo, castigado con penas de cárcel de cuatro años o más.
El 14 de setiembre, el ministro del Interior, Juan Carrasco, anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley que dispone la cremación de los restos de Abimael Guzmán. A través de Twitter, dicha cartera difundió las declaraciones del ministro al medio televisivo Sol TV.
“Con eso (la cremación que dispondría el Gobierno) estaremos dando respuesta en torno a lo que se hará con el cuerpo de Abimael Guzmán, quien ya no es sujeto de derecho. El tema depende de la emisión de una norma, porque no tenemos legislación al respecto”, explicó el titular del Interior.
La solución de la Fiscalía
Ante la ausencia de un marco jurídico y la falta de previsión sobre qué hacer con los condenados por terrorismo que fallecen en prisión, la fiscal suprema Zoraida Ávalos presentó el 14 de setiembre un proyecto de ley que modifica el artículo 114 de la Ley General de Salud.
La iniciativa legislativa faculta a jueces y fiscales a tomar una decisión sobre la disposición final de cadáveres cuya entrega o actos funerarios podrían significar un riesgo para la sociedad, al conllevar afectaciones al orden público y la seguridad. La propuesta indica que, tras analizar cada caso particular, se puede disponer que los restos tengan un destino como la cremación.
De este modo, los operadores de justicia podrán ponderar los derechos de los familiares frente a un interés social o estatal más amplio y resolver conforme a sus competencias legales.
Desde el Congreso, la parlamentaria oficialista Betssy Chávez, a través de un comunicado que difundió en Twitter, ha anunciado su apoyo a la propuesta legislativa planteada por el Ministerio Público. “Me comprometo a impulsar desde el frente congresal una atención rápida al proyecto de ley, esperando una respuesta política de respaldo inmediato y uniforme por parte de las distintas bancadas”, expresó.
En una entrevista para Exitosa, el parlamentario Carlos Anderson, del partido Podemos Perú, expuso que está a favor del mencionado proyecto de ley. Asimismo informó sobre la posición del Parlamento. “Desde el Congreso el sentido ha sido casi unánime, con la única excepción de Perú Libre, se emitió un comunicado donde justamente se ha hecho un llamado clarísimo para que se disponga del cadáver incinerándolo”, acotó.
El pedido desestimado de Iparraguirre
Desde la cárcel, la condenada por terrorismo Elena Iparraguirre, viuda del genocida y número dos de Sendero Luminoso, solicitó que el cadáver de su esposo le sea entregado. A través de un poder otorgado por Iparraguirre, Iris Quiñones Colchado —alias camarada Bertha—, quien ya cumplió una condena de 20 años por terrorismo; procuró hacerse cargo del cuerpo, informó la prensa, tal como recogió el medio televisivo Latina. El poder no había sido llevado ante el notario, por lo que fue considerado inválido.
La viuda también presentó un primer recurso de hábeas corpus, pero fue desestimado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao. Luego de estos intentos, el INPE informó que dispuso el traslado de Iparraguirre a un penal de máxima seguridad y el inicio de un proceso disciplinario por haberse comunicado con el exterior.
El 11 de septiembre, realizó llamadas telefónicas que han sido difundidas por medios como ATV. Sus declaraciones fueron expuestas en la página web del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), considerado el brazo político de Sendero Luminoso. En ellas responsabilizó al Estado peruano del “asesinato” de su esposo y “la desaparición de su cuerpo”.
Desinformación sobre la muerte
La muerte de Abimael Guzmán ha tenido como consecuencia la difusión de desinformación que sugiere que no falleció. Sin embargo, las pericias realizadas por la Fiscalía han confirmado la identidad del cuerpo del cabecilla senderista.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, explicó que la muerte de una persona que fallece sin supervisión médica es motivo de investigación. Este caso no fue la excepción.
El deceso fue comunicado al jefe del CEREC —establecimiento penal en el que estaba recluido—, quien llamó a un médico para que certifique el fallecimiento. A su vez, se convocó al fiscal del Callao para que el cadáver pueda ser trasladado a la morgue, donde se han realizado los exámenes médicos correspondientes.
Fue mediante un odontograma y peritajes de huellas dactilares que confirmaron la identidad del cuerpo. El proceso fue documentado en fotografías y videos.
Por otro lado, el 13 de septiembre un grupo de congresistas, entre ellos la exfiscal Gladys Echaíz, de la bancada de Alianza para el Progreso, acudieron al Ministerio Público y luego a la morgue del Callao para verificar la muerte del terrorista debido a la presunción de que pudiera seguir con vida.
Luego de la reunión con los fiscales del Callao, Echaíz declaró a diversos medios, como recoge el diario Gestión, que tuvieron “a la mano muestras fotográficas, tanto del sitio en el que estaba, como también las fotos de cuando fue llevado a la morgue”. “Es la misma persona, es la misma que sale en los diarios y que hemos visto a lo largo de los tiempos”, remarcó.
La Policía Nacional del Perú (PNP) también confirmó que el cuerpo de la Base Naval corresponde a Abimael Guzmán luego del peritaje desarrollado por personal especializado de la Sección Criminalística de la DEPINCRI-Callao.
En esta investigación se realizó un peritaje de diseño facial y muestras dentales que confirmaron de manera fehaciente la identidad del cadáver.
Comunicado oficial. Policía Nacional del Perú / Fuente: Instituto de Defensa Legal Policial
Conclusión
El sistema penitenciario indicó que no tiene distinciones de acuerdo al tipo de delito cometido cuando un preso muere. Por esta razón, una persona sentenciada por terrorismo como Abimael Guzmán recibiría el mismo proceso que cualquier otro reo.
Sin embargo, al no existir un protocolo específico para casos como el de Abimael Guzmán, la fiscal de la Nación expuso que hay un vacío legal que, según dijo, el Congreso y el Ejecutivo deberán atender.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Carrasco, ha anunciado que el Gobierno presentará un proyecto de ley para disponer la cremación de los restos de Guzmán Reinoso. En tanto, el Ministerio Público ha presentado otra iniciativa legislativa para permitir que jueces y fiscales decidan sobre estos casos particulares, en los que la existencia de una tumba pueda generar actos controversiales.
Explicador elaborado por Lucía Tumes y Paola Mendieta para la alianza PerúCheck.
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