Ruth Luque, congresista y vocera de Juntos por el Perú (JP), aseveró que la figura del titular de Trabajo y Producción del Empleo, Iber Maraví, en el Consejo de Ministros no aporta a fomentar la estabilidad en el Gobierno de Pedro Castillo.
“Queda claro que no hay ninguna sentencia que lo condene, pero creo que, en este contexto, no contribuye su presencia para generar las condiciones de gobernabilidad y concertación que se requieren en este momento”, sostuvo en entrevista con Canal N.
La portavoz de JP instó al jefe de Estado a determinar la continuidad de Maravi Olarte, quien fue identificado por dos terroristas como una de las personas que dirigía ataques terroristas de Sendero Luminoso en Huamanga en 1981.
“Esa es una decisión que le corresponde al presidente Castillo, hay una situación que se ha planteado desde distintos lados y tiene que tomarla. Si necesitamos generar diálogo, generemos las condiciones para eso”, agregó.
En esa misma línea, Luque se mostró en contra de que diversas fuerzas políticas en el Parlamento busquen “generar condiciones de inestabilidad”.
“Tampoco vamos a permitir que organizaciones políticas que están en el Congreso de la República, representadas a través de Fuerza Popular y otro conjunto de organizaciones, pretendan utilizar cualquier situación para generar condiciones de inestabilidad e incluso generar posibles relatos de vacancia. Esto tampoco lo podemos permitir”, acotó
En ese sentido, Ruth Luque rechazó las afirmaciones de la titular del Legislativo, María del Carmen Alva, quien señaló que “la calle pide vacancia presidencial” de Castillo Terrones.
“Nos parece fundamental que todos los actores políticos seamos responsables en las declaraciones y decisiones que vamos a ir dando. La declaración de la presidenta, cuando ella menciona el tema de la calle, no contribuye. Eso genera una crispación política que en estos momentos polariza aún más”, añadió.
La parlamentaria también se mostró en contra de la decisión de la Comisión de Mujer y Familia de citar al primer ministro Guido Bellido, debido a que, afirma, la Comisión de Ética es el grupo de trabajo que debe investigar y sancionar a funcionarios que incurran en faltas.
“No podemos permitir que en una comisión ordinaria, donde se convoca a ministros para que den cuenta de las políticas que gestan, vengan a declarar de actos de agresión, cuando un presunto agresor lo tiene que hacer ante las instancias pertinentes, en este caso la Comisión de Ética. (...) Que sea en esa instancia que se hagan las indagaciones que correspondan, que se investigue con el debido proceso, y que ahí se apliquen las sanciones que correspondan”, precisó.
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