Ejecutivo observa autógrafa sobre el Código Procesal Constitucional

El Poder Ejecutivo envió el viernes último un oficio al Congreso de la República observando el texto de la autógrafa aprobada por el Pleno sobre un nuevo Código Procesal Constitucional (CPC), el mismo que fue impulsado desde la Comisión de Constitución, principalmente por el legislador Luis Roel Alva, de la bancada Acción Popular.

El documento advierte que el Congreso pretende derogar el actual CPC, que está vigente desde el 2004, a pesar de que cien artículos del texto aprobado en el Parlamento son repetidos. Solo 25 artículos son nuevos y apenas 15 fueron modificados. “En realidad no se trata de un nuevo código que innova íntegramente al anterior”, señala el Ejecutivo.

Esto en contraste con el discurso de Luis Roel Alva, quien en forma reiterada se refirió a un “nuevo” código procesal constitucional. De hecho, el proyecto de ley que dio origen a esta norma es de su autoría.

“Firmé la autógrafa del nuevo Código Procesal Constitucional, proyecto de ley de mi iniciativa”, escribió, por ejemplo, el 10 de junio, en su calidad de vicepresidente del Congreso.

El Ejecutivo apunta que solo se tendrían que efectuar reformas parciales al código e incluso advierte deficiencias en los 25 artículos incorporados por el Congreso de la República.

Palacio advierte que el texto que aprobó el Congreso no logra resolver los problemas de lentitud en los trámites de los procesos constitucionales.

Al contrario, se pone en riesgo principios como el debido proceso, pues la norma que sacó el Congreso establece la aplicación inmediata de una sentencia constitucional en primera instancia, la misma que sería “inimpugnable”.

Para el Ejecutivo, esto “permitiría el mantenimiento de posibles abusos judiciales”, pues ya no habría la opción de apelar ante las salas constitucionales.

Otra observación tiene que ver con la afectación del principio de la autonomía de los órganos constitucionales. El Congreso ha establecido que, en contradicción con el código anterior, los jueces estarían obligados a admitir cualquier demanda de hábeas corpus, acción de amparo o hábeas data. También obligan al Tribunal Constitucional a tramitar recursos de agravio constitucional.

También el fiscal de la Nación estaría ahora limitado en sus funciones, pues para interponer una demanda tendría que tener el acuerdo previo de la Junta de Fiscales, con lo cual se vulnera la autonomía constitucional de esta autoridad.

Asimismo, hay afectación al principio de igualdad, pues ahora para las personas jurídicas, como las organizaciones de derechos humanos, ya no se aplicaría la gratuidad para el trámite de demandas contra algunas sentencias.

Datos

Trámite. Luego de la observación formulada por el Ejecutivo, el texto regresará a la Comisión de Constitución, que preside el parlamentario Luis Valdez, de Alianza para el Progreso.

Decisiones. Este grupo de trabajo tendrá que evaluar si atiende a las observaciones o se ratifica en el texto aprobado.

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