Una Constitución que castigue más a delincuentes y a los corruptos

La mayoría de los peruanos quiere una Constitución Política, máxima normativa del país, que castigue más a los delincuentes y a los corruptos, según muestra la última encuesta telefónica de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para La República.

El estudio, que consultó a la población del 1 al 8 de diciembre últimos, genera aproximaciones sobre el alcance de diversas opiniones en el país con márgenes de error de 2,8 puntos (por encima y por debajo) en cada resultado de nivel nacional.

Cerca de la mitad de la población cree que es más conveniente para el Perú cambiar a una nueva Constitución (un 48%) y una similar proporción considera que lo mejor sería hacer algunos cambios a la actual normativa máxima nacional (un 49%). Es decir, casi todos los peruanos quisieran que haya cambio a este nivel de reglamentación, sea modificando la Constitución actual o reemplazándola por una nueva.

Ciertamente, este documento es modificado en normas puntuales por el Poder Legislativo, cuando considera necesario hacerlo. Las reformas políticas y del sistema de justicia impulsadas en los últimos años requirieron modificaciones en la Constitución, por ejemplo.

Qué y quién cambia

Quienes se muestran a favor de un cambio constitucional, sea por modificaciones o por sustitución, tienen varias preferencias. Una gran mayoría, estimada en alrededor de tres cuartas partes de este grupo (un 74%), cree que se deben incorporar penas mayores para delincuentes y corruptos. Por su lado, cerca de un tercio (un 36%) quisiera que se fortalezca la intervención del Estado en la economía. Una cuarta parte (un 25%) aboga por fortalecer los valores cristianos y un 23% quisiera que se atienda la promoción de la inversión privada.

Sea para reformar integralmente la Constitución actual o para reemplazarla por una nueva, la mayoría de los peruanos (un 63%) cree que una Asamblea Constituyente debería encargarse. Solo algo más de una cuarta parte del país (un 28%) considera que lo haga el próximo Congreso y apenas un 7% diría que sea el actual Parlamento.

Esto colisiona con las normas, pero ratifica la mayoritaria desconfianza de la población hacia el Legislativo, según destacaron diversos especialistas.

“Una Asamblea Constituyente no se convoca por expresión de una mayoría sino de un consenso de las fuerzas políticas de cambiar la Constitución por una vía no prevista en la norma”, dice el abogado constitucionalista Omar Cairo, profesor de la Universidad Católica (PUCP).

Nuestra Constitución actual solo permite su modificación incluso integral con procedimientos que lleve a cabo el Congreso.

“Tendría que haber una reforma constitucional que incorpore la Asamblea Constituyente como vía de cambio para que sea de acuerdo a norma”, añade.

“Hacerlo por Asamblea Constitucional es fuera de las reglas. Se puede hacer en términos políticos: si la gente está de acuerdo y nadie protesta, se hace y queda, pero no es el procedimiento jurídico”, sostiene el abogado constitucionalista Reynaldo Bustamante, profesor de la Universidad del Pacífico.

No obstante, resalta que nada garantiza que una Asamblea Constituyente no caiga en los mismos vicios por los que se rechaza ahora al Parlamento.

“Si no hay un cambio en las reglas del sistema político, siempre elegiremos lo que hay”, dice.

El politólogo y abogado Carlos Fernández Fontenoy, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, resalta que aunque “la mayoría de la población está de acuerdo en que hay que cambiar varios aspectos de nuestra Constitución, no está muy clara aún la vía o forma”.

“Una de las coincidencias y constantes en nuestra población sigue siendo la de darle prioridad a la lucha contra la corrupción, incluso a nivel constitucional”, señala el estudioso.

La tensión entre norma y demandas requiere una salida.

¿Nueva Constitución?

Martín Tanaka, sociólogo y politólogo, IEP

El cambio de la Constitución ha entrado en la discusión política, aunque de manera atropellada y sin una agenda clara. Hace varios años que estamos discutiendo e implementando diversas reformas a la Constitución, en la línea de la opinión mayoritaria de los encuestados (49%); pero un 48% declara que prefiere una “nueva” Constitución.

Ese pedido es más intenso en el Perú rural, en el sur y entre los más pobres, menos educados, y entre quienes se identifican con posiciones de izquierda; lo que sugiere que expresa un sentimiento de insatisfacción con el funcionamiento del sistema político y la demanda de un cambio profundo.

No hay confianza en las instituciones, por lo que la nueva Constitución debería encargarse a una Asamblea Constituyente, no al próximo Congreso (aunque lo concreto es que el proyecto de Asamblea presentado recientemente en el Congreso establece que esa Asamblea sea elegida con reglas muy similares a las de la elección del Congreso).

¿Qué debería cambiar? De lejos, las demandas de represión con “mano dura” son las que más sintonizan con el sentido común, no demandas de reconocimiento y ampliación de derechos (con la excepción relativa de los más jóvenes); luego, mayor intervención del Estado en la economía; pero también hay demandas de carácter conservador y promercado.

En suma, demandas cruzadas de cambio con un tinte general conservador. No parece casual que parlamentarios de UPP, Podemos y Frente Amplio sientan que podrían ganar posiciones con esta agenda.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.