Juez Víctor Zúñiga decidirá suspensión de Fuerza Popular en un plazo “prudente”

El juez Víctor Zúñiga definirá en un “plazo prudente” si Fuerza Popular será suspendida o no de toda actividad política por dos años y medio.

Tras un debate de casi tres horas, el magistrado anunció también que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria que preside tiene carga procesal como el control de acusación contra Rodolfo Orellana, otro caso emblemático.

Durante la sesión, Zúñiga indicó que que el requerimiento del Ministerio Público fue presentado el 22 de julio del 2020 a su despacho y que, debido a que en segunda instancia (a fines de octubre del 2020) se rechazó la última recusación en su contra (la décima), pudo fijar una fecha de audiencia recientemente.

Según los fundamentos expuestos por Domingo Pérez, se imputa al partido un presunto lavado de activos con el agravante de una organización criminal. Fuerza Popular habría incurrido asimismo en varios intentos por obstaculizar las investigaciones en su contra mediante sus dirigentes y vínculos con Pedro Chávarry, César Hinostroza, entre otros.

Audiencia de debate de suspensión contra Fuerza Popular

Nota previa

La participación de Fuerza Popular en los próximos comicios electorales del 2021 se definirá a partir de este lunes desde las 9 a.m. en el Poder Judicial.

Víctor Zúñiga Urday, magistrado que preside el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, dirigirá el debate sobre el pedido fiscal de suspensión temporal de actividades por dos años y medio contra el partido que encabeza Keiko Fujimori.

Si bien la solicitud de José Domingo Pérez fue presentada el 17 de julio pasado por el caso Odebrecht, los más de doce intentos de los investigados por separar al juez Zúñiga del caso dilataron la convocatoria de audiencia para discutir si procede o no la suspensión que podría dejar fuera de carrera a la hija de Alberto Fujimori el año siguiente.

Según el Ministerio Público, Fuerza Popular fue “instrumentalizada” como albergue de una organización criminal dirigida por Keiko Fujimori en las campañas electorales de 2011 y 2016.

Proyectos de ley en la mira

Domingo Pérez sustentó en su requerimiento que el partido, mediante las instrucciones de Keiko Fujimori, esta “aleccionaba” a sus funcionarios en el Poder Legislativo.

Desde 2016 en adelante, el partido de Keiko obtuvo una mayoría en el Congreso y, al ser la bancada con más número de legisladores, esto le permitió “obtener ventajas en las votaciones sobre proyectos de ley, coyuntura utilizada por Fuerza Popular para beneficiar a los grupos económicos que dotaban de activos a la persona jurídica”.

Ello en referencia a algunos sectores de gran poder económico en el Perú como el Grupo Romero o Grupo Gloria, ambos desde los que Dionisio Romero Paoletti y Vito Rodríguez Rodríguez, grandes empresarios, aportaron a las campañas presidenciales del fujimorismo en 2011 y 2016,

Uno de los puntos que toca el fiscal contra el partido es que desde 2013, la bancada fujimorista intentó bloquear la Ley de Alimentación Saludable con 31 votos, pero la ley fue promulgada igualmente. A juicio de Pérez, se intentó con ello beneficiar a Alicorp y al grupo Gloria.

Entre 2017 y 2018, Fuerza Popular también se buscó reemplazar con varios proyectos de ley “la advertencia publicitaria de los ‘octógonos’.

De igual manera con otros proyectos como la tipificación del delito de “financiamiento prohibido de organizaciones políticas” que confundía el delito de lavado de activos para obtener menores penas.

Pérez cuestionó en su pedido, asimismo otros proyectos dirigidos a juegos de casino y tragamonedas para librarlos del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y beneficiar así a uno de los aportantes al fujimorismo, José Sam Yuen.

Estas coordinaciones para presentar las propuestas legislativas, se hicieron entre Keiko Fujimori, el exparlamentario Miguel Torres, Jorge Yoshiyama Sasaki y el Estudio Oré Guardia, según mencionó en julio de 2020 el colaborador eficaz 2017-55-11.