Elard Tejeda Moscoso, de Obrainsa, y los representantes de otras dos compañías constructoras han ofrecido al Equipo Especial de fiscales del caso Lava Jato entregar información sobre tratos ilícitos con el presidente Martín Vizcarra, en la época en que se desempeñó como gobernador regional de Moquegua, del 2011 al 2014.
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De acuerdo con fuentes judiciales, los otros empresarios de la construcción que han presentado solicitudes de colaboración eficaz ante el fiscal Germán Juárez Atoche pertenecerían a las constructoras ICCGSA y otra no identificada.
Las solicitudes de colaboración eficaz se han presentado en el marco de la investigación al “Club de la Construcción”. A mediados de julio de este año, Juárez informó a los abogados de un grupo de los procesados, que desde hace un año negocian acuerdos de colaboración, que sentía que lo estaban “meciendo”.
Los otros empresarios de la construcción que han presentado solicitudes de colaboración eficaz ante el fiscal Germán Juárez Atoche pertenecerían a las constructoras ICCGSA y CASA. Foto: Presidencia
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“La información que están entregando no es relevante y voy a empezar a denegar las solicitudes de colaboración”, les habría dicho Juárez. El 21 de enero próximo, concluye el plazo de tres años de investigación preparatoria del caso y el fiscal debe decidir si formula acusación penal.
Es entonces que los abogados y empresarios empezaron a hablar del hoy presidente de la República. Según uno de los abogados que participa en las negociaciones, el principal problema es encontrar las pruebas documentales que respalden sus dichos.
El fiscal Juárez les ha dicho a los abogados y procesados que ya no ésta para recibir más palabras. Deben venir con pruebas documentales que permitan corroborar parte de, o todo, lo que digan.
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Los primeros que se acercaron son los abogados de Elard Tejeda Moscoso, exgerente general de Obrainsa. Él se encontraba prófugo y el viernes le dieron arresto domiciliario.
La declaración de Tejeda trascendió ayer a la prensa. El viernes 1° de octubre sus abogados entregaron a la fiscalía una serie de copias de correos, facturas, cheques, mensajes de celular y testimonios con los que pretenden corroborar su versión.
Tejeda afirma que el año 2014 entregó a Vizcarra un millón de soles más el alquiler de un vuelo chárter, en retribución por haber obtenido la buena pro de la construcción de un canal de irrigación en el proyecto agrícola Lomas de Ilo, obra que ejecutó en consorcio con la italiana Astaldi.
El dinero se entregó en efectivo en dos oportunidades, de manera personal y en ambas ocasiones dentro de sobres manila, de acuerdo con la declaración que en la fiscalía han rotulado como “colaborador 10-2018”.
Elard Tejeda, exgerente general de Obrainsa afirma que el año 2014 entregó a Vizcarra un millón de soles más el alquiler de un vuelo chárter, en retribución por haber obtenido la buena pro de la construcción de un canal de irrigación. Foto: La República
La buena pro estuvo a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). El colaborador recuerda que el 4 de noviembre, los funcionarios de la UNOPS les informaron que revalúen su propuesta y realicen un reajuste de precios.
Ante ese pedido, Elard Tejeda llamó al presidente regional de Moquegua, que casualmente se encontraba en Lima, y acudió prontamente a la oficina de Obrainsa. En esa primera reunión, Vizcarra les habría dicho que su propuesta no debía exceder los 81 millones de soles, pues el presupuesto de la obra era de 90 millones.
A cambio de esa información, la entonces autoridad regional les indicó que sabía que las empresas de construcción pagaban una comisión del 2% a los funcionarios de Provías Nacional por las obras que se adjudicaban y que requería ese monto para atender gastos de su gestión.
Tejeda comunicó el pedido a sus socios de Ataldi, que no habrían aceptado los desembolsos. El 27 de noviembre, UNOPS otorga la obra al consorcio Obrainsa-Ataldi y el 16 de diciembre del 2013 se firma el contrato.
Al mes siguiente, un 20 de enero del 2014, Tejeda dice que recibió una llamada del presidente regional de Moquegua requiriéndole el pago acordado. Para cumplir con el pedido, se emite un cheque de gerencia por 400.000 soles, a nombre del conserje de la constructora, Tobías Puerta Gutiérrez.
El 27 o 28 de enero del 2014, Vizcarra habría llegado a las oficinas de Obrainsa, en San Isidro, para recibir el primer pago. Allí lo reciben Tejeda, César Bayro, gerente de obras; y Giacomo Orsati, el socio de Astaldi.
Luego de unos minutos, Tejeda se queda solo con Vizcarra y aprovecha para entregarle el dinero.
El segundo pago por 600.000 soles se realizó entre el 4 y 7 de abril del mismo año, siguiendo el mismo procedimiento. El dinero se retira del banco a través del conserje y, de nuevo, Vizcarra llega a las oficinas de Obrainsa y lo recibe en un sobre manila.
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Tejeda anota que como parte del trato, el 2 de diciembre del 2013, Vizcarra les requirió contratar un vuelo chárter para trasladar a una delegación del gobierno boliviano, a lo que accedieron. El costo del alquiler fue de 35.985 soles, de acuerdo con las facturas entregadas por Obrainsa.
El fiscal ha comenzado a verificar la información de inmediato. La semana pasada recogió información en las oficinas de Obrainsa e interrogó a los testigos de las reuniones.
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De acuerdo con nuestras fuentes, solo le falta confirmar que Vizcarra estuvo en Lima en las tres fechas indicadas por el colaborador, para lo que ha requerido datos de geolocalización de los celulares que utilizaba en esa oportunidad a las empresas telefónicas.
Otro empresario que se ha acercado al fiscal es José Fernando Castillo Dibós, de la constructora ICCGSA. Castillo habría ofrecido información sobre pagos de hasta cinco millones de soles, a través del un ex ministro, por la construcción de un hospital en Moquegua.
Esa obra fue adjudicada el último mes de la gestión de Vizcarra. El 26 de diciembre del 2014 se firma el contrato por 123 millones de soles, y el 31 de diciembre se otorga el adelanto de obra por 41, 8 millones de soles.
Esta versión tendría relación con un audio de Karem Roca, en el que habla de un testaferro de Vizcarra. “¿Por qué crees que lo han puesto en el MTC? Te das cuenta... si él es el cajero del presidente también”, señaló la secretaria.
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En tercer lugar, se han acercado los abogados de otra empresa para ofrecer información sobre el denominado “Club de los Puentes”, que también involucraría al presidente Vizcarra.
Al igual que en el “Club de la Construcción”, este otro club, las empresas pagaban coimas para adjudicarse las obras de construcción de puentes a nivel nacional.
El presidente niega las acusaciones, pero las pruebas otorgadas por el aspirante a colaborador y el alquiler de un vuelo chárter lo ponen en una situación delicada.
Un testigo protegido declaró ante la fiscal Janny Sánchez Porturas que el exasesor presidencial Óscar Vásquez le habría transferido S/ 10 mil a Richard Cisneros para que no declare contra el presidente Martín Vizcarra.
“Óscar Vásquez le deposita siempre sumas de dinero en sus cuentas del banco de Crédito y del Interbank de no menos de S/ 10.000 a Richard Cisneros. Además, le ha comprado un celular y una laptop”, señaló el testigo.
Hoy, a partir de las 11 de la mañana, la jueza Sonia Bazalar evaluará el pedido de prisión preventiva de Óscar Vásquez, Mirian Morales, Richard Cisneros y Liliana Chanamé.
Elard Tejeda Moscoso entregó a la fiscalía diversos documentos: correos, facturas y cheques para respaldar sus palabras.
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