Ejecutivo devuelve al Congreso norma sobre declaraciones juradas de intereses
El Gobierno observó la autógrafa de ley que aprobó el Parlamento y cuestionó que se autoexcluyeran de ciertos parámetros que otros funcionarios deben cumplir.
El presidente de la República, Martín Vizcarra, devolvió la autógrafa de ley aprobada por el Congreso que establece que sea la Contraloría General de la República la que fiscalice las declaraciones juradas de intereses de funcionarios públicos y candidatos a estos cargos.
La norma, impulsada por el legislador Edgar Alarcón de Unión por el Perú, fue aprobada por mayoría en el Pleno del Parlamento el último 24 de agosto y posteriormente la enviaron al Poder Ejecutivo para que la promulgue. Casi dos meses después, esta entidad la observó al considerar vacíos legales.
Congreso aprobó que Contraloría fiscalice declaraciones
La mayoría de legisladores respaldó que sea la Contraloría General de la República quien controle, fiscalice y sancione los hechos relacionados sobre la presentación de las declaraciones juradas de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos.
La norma admitida fue cuestionada por haber eliminado la calificación de infracción cuando no presentaban la documentación o se demoraran en su entrega, así como por omitir o incluir información falsa.
Además, se estableció que el Congreso tendrá autonomía para decidir qué parlamentarios y trabajadores de esta entidad deberán presentar la declaración jurada de intereses.
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Argumentos del Ejecutivo para observar la norma
El jefe de Estado y el primer ministro suscribieron el documento dirigido al presidente del Congreso, Manuel merino de Lama, que precisa los vacíos legales y cuestionamientos que hicieron a la autógrafa de ley.
El primer punto explicado en el oficio, subtitulado como ‘Violación del principio-derecho de igualdad’, cuestionó que el Parlamento se haya autoexcluido de los parámetros que establece la iniciativa legal al señalar que solo ellos están sujetos a su propio reglamento.
“La exclusión de los congresistas de la República y del personal del Congreso del ámbito de aplicación de la ley sobre la base del argumento de prevenir la afectación a la autonomía constitucional del Poder Legislativo no responde a criterios razonables, pues no hay razón para concluir que el Congreso de la República está en una situación diferente a la de las demás entidades respecto a los alcances y finalidad de la norma”, leyó el documento.
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El segundo punto a tratar fue “la vulneración de la atribución constitucional del presidente de la República de reglamentar leyes” debido a que designaron a la Contraloría para esta función, pese a que esta es facultad del mandatario. Agregaron que la modificación del Decreto de Urgencia 020-2019, que es parte de una política pública, vulnera las competencias del Poder Ejecutivo y de los principios de interpretación de la Constitución.
El Ejecutivo resaltó la omisión de incluir “disposiciones que regulen un régimen sancionador”, lo que consideró que “pone en riesgo la credibilidad del sistema” y “el estándar de transparencia” que busca el Gobierno. Añadieron que esta falta ha generado preocupación en diversas entidades como Proética y Asociación Civil Transparencia.
“Para que la finalidad de la norma pueda cumplirse, se requiere establecer expresamente infracciones y sus respectivas sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la norma. Se debe tener en cuenta la diversidad de regímenes laborales y de modalidades contractuales de los sujetos obligados”, continuó el texto.
Edgar Alarcón es el presidente de la Comisión de Fiscalización. Foto: La República.
Asimismo, consideraron que la autógrafa debilita la obligación de declarar las representaciones, poderes y mandatos a condicionarse la generación de un beneficio en el patrimonio. El Ejecutivo exhortó al Congreso revisar el marco normativo vigente sobre la elección y designación de funcionarios.
El documento fue recibido por la mesa de partes del Congreso de la República y se dirigirá a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, presidida por Edgar Alarcón. Este grupo de trabajo evaluará las observaciones del Ejecutivo y decidirá si modifican la norma o derivarlo al Pleno para aprobarla por insistencia. Si el Gobierno considera que vulnera la Constitución, podría presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional.
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