La exprocuradora Katherine Ampuero señaló que las investigaciones a cargo de la fiscal Janny Sánchez por el caso Richard Swing le habría permitido determinar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, tuvo presunta injerencia en las contrataciones del cantante en el Ministerio de Cultura.
“Recordemos que la fiscal Janny Sánchez, quien inició la investigación en mayo, ha remitido un informe a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en el cual da cuenta de que habría elementos que estarían indicando la participación del presidente en estos hechos irregulares (contratación de Cisneros), y no solamente de él, sino también contra la exministra de Cultura, Patricia Balbuena”, declaró a Exitosa.
Asimismo, comentó que la prisión preventiva contra nueve de los involucrados en el caso fue determinante para obtener mayor información y, de ese modo, establecer la detención preventiva de Richard Cisneros, Mirian Morales, Óscar Vásquez y Liliana Chanamé.
“La fiscal Janny Sánchez ha recabado nuevos elementos durante estos siete días de detención preliminar, que le han permitido formular este requerimiento de prisión preventiva, no solo con las declaraciones de las personas detenidos, sino con la información obtenida durante el allanamiento a las casas de estas personas”, expresó.
Cabe recordar que la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima solicitó nueve meses de prisión preventiva contra los mencionados por presunta comisión de los delitos de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible, entre otros conexos.
La exprocuradora comentó también que la fiscal Janny Sánchez, con toda la data recabada, que presuntamente involucraría al mandatario y a la exministra Balbuena, envió todos los medios de prueba a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que decida. Es importante precisar que Sánchez no está facultada para este fin.
“La autoridad competente que tiene la facultad de abrir indagación en contra de altos funcionarios del Estado es la fiscal de la Nación. Es por eso que la fiscal Sánchez le remitió el informe con todos los elementos probatorios que ha podido recabar en todo este tiempo para que la fiscal Zoraida Ávalos se pronuncie al respecto”, sostuvo.
Finalmente, Katherine Ampuero refirió que, más allá de los audios difundidos en las últimas semanas, el principal argumento es que los involucrados estarían obstaculizando las investigaciones.
“Los audios que conocemos serán materia de investigación porque configurarían el delito de obstrucción a la justicia. Sin embargo, uno de los requisitos para que proceda la prisión preventiva es acreditar el riesgo inminente de que estas actividades obstruccionistas continúen y eso es lo que habría recabado la fiscal”, puntualizó.
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