Si el Tribunal Constitucional declara como inconstitucional el Decreto Legislativo Nº 1421, se dejarían de pagar 9.256 millones de soles en deudas tributarias. Por ello, el congresista Lenin Bazán (Frente Amplio), insistió en que este tema debe resolverse con una oportuna “justicia fiscal” que beneficie al país.
“Necesitamos plata en esta crisis. Necesitamos que el Estado recaude dinero para el Tesoro Público que puede servir para la mitad del presupuesto de salud para el otro año, o para más de la mitad del presupuesto de educación, o cubrir el pago del sistema de pensiones a nivel nacional de todo el 2021”, señaló.
El parlamentario, quien solicitó a la Sunat la relación detallada de las 158 empresas con deudas que ascienden a un total de 9.256 millones de soles, refirió que debe haber un cambio en la Constitución sobre las reservas tributarias.
“En el Perú no debe haber este secreto tributario porque se convierte en una herramienta de ilusión y evasión tributaria que debe cambiar. Por eso, planteo una reforma constitucional al respecto porque esperamos que las deudas tributarias de este tipo no prescriban nunca”, subrayó.
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De acuerdo con la investigación realizada por el despacho de Bazán Villanueva, el ex decano del Colegio de Abogados de La Libertad (CALL), Manuel Montoya, habría tenido intereses para presentar la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional a través del Estudio Gálvez & Dolorier.
“Existe un lobby lleno de intereses privados entre el estudio jurídico Galvez & Dolorier. Asumo que puede haber existido, no está probado, algún tipo de pago por este favor que ha hecho Manuel Montoya y la abogada Martha Bringas, quien es el nexo entre el estudio y el CALL”, indicó.
El Estudio asumió todos los gastos de la representación y no le informó de las acciones a la nueva Junta Directiva del CALL, según refirió el legislador. Incluso, aseguró que de acuerdo con los registros contables de las gestión pasada y actual, el Colegio “no ha invertido ni un solo sol” en este caso.
Por esa razón, Lenin Bazán presentó una denuncia contra Manuel Montoya ante el Tribunal de Ética para que explique las razones por las que inició la acción ante el TC y, además, para que se le investigue y sancione.
El congresista del Frente Amplio afirmó que presentó una moción de orden del día al Congreso para ver este tema, mismo que no tuvo el interés de sus colegas y se rechazó. No obstante, este domingo 20 presentó un informe al presidente del Parlamento, Manuel Merino, para que ejecute las acciones correspondientes.
“Ojalá emita una carta, entre hoy y mañana, el señor Merino al Tribunal Constitucional para exhortar a resolver el martes 22 de setiembre y no la vayan a postergar. Queremos que el Congreso, a través de su Mesa Directiva, al menos tome una decisión de manera colectiva al pensar en los peruanos y peruanas y en la situación en que nos encontramos”, sostuvo.
Asimismo, dijo que, una vez que se defina el fallo del TC conversarán con el Ministerio de Economía y Finanzas para llegar a un punto de encuentro, ya que algunas empresas deudoras recibieron el crédito de Reactiva Perú.
“Queremos que se evalúe dentro del crédito de Reactiva Perú que paguen sus deudas o, por otro lado, que dejen de darle más préstamos a estas empresas porque, más bien, son empresas que deben estar castigadas y el Estado las beneficia”, puntualizó.
El próximo martes 22 de setiembre, el Tribunal Constitucional sesionará para debatir la solicitud del Colegio de Abogados de La Libertad de desistir a la acción de inconstitucionalidad, así como la exclusión del magistrado José Sardón por un presunto conflicto de intereses, ya que su hermano es un alto funcionario en una de las empresas deudoras, Scotiabank, aunque en el país vecino de Chile.
Sobre el primer punto, el congresista Bazán expresó que se conoce que la demanda será improcedente dado que ya fue admitida. En ese sentido, solicitó a los magistrados a tomar una decisión oportuna por el contexto que atraviesa el país.
“Exhortamos a los magistrados del Tribunal Constitucional a que no desistan de este caso y que sea un fallo favorable para la población, que sea constitucional para que la Sunat empiece a recaudar”, acotó.
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