Posible sentencia del TC borrará deudas tributarias por 11 mil millones de soles

En medio de la crisis política y la pandemia del Covid-19, el martes 22 de setiembre próximo, el Tribunal Constitucional debatirá y votará un proyecto de sentencia que casi como si se tratara del chasquido de dedos del filme de Marvel puede hacer desaparecer deudas tributarias con el Estado por unos 11 mil millones de soles.

La cifra podría ser mayor si se toma en cuenta su repercusión en el futuro. Los beneficiarios directos de la sentencia, en este momento, unas 158 empresas, entre las que se encuentran minas, constructoras, supermercados, clínicas y universidades privadas.

Lo extraño de esta historia jurídica es que ninguna de las grandes empresas beneficiarias aparece como demandante. En teoría, no habrán gastado un sol pero se beneficiarán con millones que dejarán de pagar al Estado. Un dinero que podría servir para construir o reconstruir el sistema sanitario del país simplemente se hará humo.

Como demandante aparece el logo del Colegio de Abogados de La Libertad, ubicado en la ciudad de Trujillo. Decimos, el logo, porque la actual junta directiva del susodicho colegio profesional ahora no sabe cómo así se embarcaron en este litigio, ni cuánto cuesta, ni quién paga y han dicho que retiran la demanda.

Es evidente por la forma en que se ha presentado la demanda que alguien está detrás. Un titán, tal vez. Lo difícil es saber quién es y cuánto le está costando permanecer en las sombras. Estas cosas no son gratuitas y solemos verlas en los procesos penales.

En esos caso, un abogado se va a un recóndito pueblito de la Amazonía y presenta una acción de amparo o un hábeas corpus, que prestamente un juez concede y unas horas después la decisión se ejecuta en Lima.

En reiteradas oportunidades, el TC y los órganos de control judicial se ha pronunciado contra esa práctica vedada. En este caso, no es un juez de paz sino el más importante tribunal del país. Algo deberían decir.

La magia de Surco

La historia de este caso comenzó el 1º de febrero del 2019. Manuel Montoya Cárdenas, identificándose como decano del ilustre Colegio de Abogados de La Libertad, presentó la demanda de inconstitucionalidad contra la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo Nº 1421.

Lo extraño aquí es que Montoya no solo puso como dirección la sede del colegio en el jirón Francisco Pizarro en Trujillo, sino que agregó como domicilio procesal una ubicación en Lima: El Derby Nº 254, oficina 804, Santiago de Surco.

¿Quién vive allí? Esta es la dirección del estudio de abogados Gálvez & Dolorier, posiblemente la más importante firma de abogados especializados en derecho tributario del país y con ranking internacional.

“Somos una boutique legal especializada en derecho tributario y laboral con diez años de experiencia. Nos orientamos al patrocinio responsable de procedimientos tributarios complejos, a la asesoría tributaria corporativa, financiera y patrimonial y a la asesoría laboral corporativa”, describe su portal web.

La demanda no solo incluye la dirección de esta “boutique” legal. En el primer otrosí del escrito, Montoya Cárdenas otorgó facultades generales de representación a dos reputados e importantes socios de la firma Gálvez & Dolorier: Silvia María Muñoz Salgado y Jorge Carlos Gálvez Rosasco.

La República buscó una opinión del referido estudio sobre este tema, pero no contestaron las llamadas telefónicas. Ante una publicación de los portales Ojo Público y Wayka han enviado cartas aclaratorias en las que señalan que su apoyo técnico legal al Colegio de Abogados de La Libertad es gratuito y que tampoco recibirán beneficio económico alguno por esa asesoría.

Pero es evidente que al tratarse de la firma de abogados más importante del país en aspectos tributarios, sus clientes estarán muy satisfechos.

La demanda también incluye tres informes jurídicos a favor elaborados por los respetados y prestigios abogados César Landa Arroyo, José Palomino Manchego y Víctor García Toma.

El Estado solo incluyó dos informes jurídicos, a falta de presupuesto: de Francisco Eguiguren Praeli y Marcial Rubio Correa.

La demanda gratuita

Entra las 32 empresas que se beneficiarán directamente con la demanda se encuentran: minas Buenaventura, Antapaccay, Southern Perú, Consorcio Minero, Latam Airlines, Telefónica del Perú, Odebrecht, Supermercados Peruanos, Interbank y Banco Pichincha.

El tema en debate es la prescripción de las deudas tributarias, es decir, cuánto tiempo tiene el Estado, a través de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), para detectar una infracción a la declaración de impuestos y poder cobrar.

Hasta el 2017 estaba claro que la Sunat tenía cuatro años para descubrir la irregularidad y, desde el momento en que establecía la falta y notificaba el cobro, otros cuatro años para lograr que este se hiciera efectivo.

Pero, ese 2017, alguien movió sus hilos en el Tribunal Fiscal y estableció que a partir de setiembre de ese año, la Sunat solo tenía cuatro años para todo, es decir, para descubrir el faltante y cobrar.

Todos felices y contentos, pero cuando el Estado vio que de la noche a la mañana, como en un acto de magia, se desaparecían 11 mil millones de soles, fue rápidamente a tapar tremendo agujero fiscal.

Aprovechando que el Congreso les había otorgado facultades legislativas, se emitió el Decreto Legislativo 1421 precisando la vigencia del plazo secuencial, de 4 y 4, que tenía la Sunat para cobrar las deudas. La norma fue revisada por un grupo de trabajo del Congreso, que le dio su aprobación.

Entonces, desde el sólido norte peruano saltó el logo del Colegio de Abogados de La Libertad para presentar la demanda de inconstitucionalidad. La demanda, ahora recogida en la ponencia del magistrado Ernesto Blume, dice que el referido decreto legislativo es retroactivo y vulnera la seguridad jurídica.

Es decir que durante toda la vida, la Sunat solo contó con cuatro años para detectar una infracción y cobrar y que los más importantes estudios jurídicos del país, que cobran millones por las asesorías, nunca lo detectaron, hasta que llegaron los abogados de Trujillo y sin cobrar un solo sol.

El magistrado Ernesto Blume emplea 27 páginas para concluir que el Estado debe renunciar a cobrar 11 mil millones de soles. Pero si todo es legal, por qué las grandes mineras, clínicas y constructoras no demandaron con su firma y dinero. Los misterios de Surco.

Beneficia a los que más deben

“Al generarse una prescripción de deudas tributarias, ¿de quién es el interés?, ¿el pequeño empresario, el mediano o la persona natural que debe tributos? No. La prescripción va a beneficiar a quienes deben más”, señala el actual decano del Colegio de Abogados de La Libertad, Carlos Gonzales Moreno.

Anotó que fueron el anterior decano, Manuel Montoya, y la abogada Martha Bringas los que promovieron la demanda que ahora el gremio de abogados de Trujillo ya no respalda, pues advierten que solo favorecen a unos pocos.

Gonzales Moreno ha tramitado un escrito de desistimiento de la demanda ante el Tribunal Constitucional, que esta vez no cuenta con el patrocinio ni asesoría gratuita de ningún gran estudio de abogados de Lima.

Aunque lo más probable es que, por eso mismo, el TC no dé trámite a su solicitud de desistimiento. “La demanda tiene nombres más importantes e influyentes”, señaló una fuente del TC. La ponencia se votará el martes y será pública.

Asesoría jurídica gratuita

Ni una sola de las grandes empresas beneficiarias de la demanda de inconstitucionalidad aparece promoviendo o financiando la demanda. La presenta el Colegio de Abogados de La Libertad con la asesoría de una “boutique” de abogados de Lima.

El prestigioso e internacional estudio de abogado Gálvez & Dolorier apoya desde Lima y en forma gratuita la demanda que desaparecerá las millonarias deudas tributarias de importantes empresas trasnacionales.

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