Congreso aprueba ley que sanciona especulación de precios, adulteración de productos y acaparamiento

A través de los medios de comunicación, se difundieron denuncias en torno a los medicamentos que se venden en farmacias y boticas. Según los reportes de los ciudadanos, los productos clave para tratar a un paciente contagiado con el nuevo coronavirus (COVID-19) tenían precios elevados. Ante esta situación, el Pleno del Congreso debatió el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 731 y otros, que propone la Ley que modifica el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto del acaparamiento, especulación y adulteración.

El debate, que se prolongó hasta la madrugada del día de hoy, contó con la participación de la Mesa Directiva del Parlamento y los voceros de las bancadas. Cabe mencionar que algunos congresistas emitían sus opiniones, desde sus casas, sobre un texto sustitutorio que recogió varias propuestas legislativas.

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Tras varias horas, el Pleno aprobó la ley que sanciona con pena privativa de la libertad la especulación de precios, la adulteración de productos y el acaparamiento en las zonas declaradas en estado de emergencia, calamidad pública o conmoción. Con 94 votos a favor, cero en contra y 33 abstenciones, los parlamentarios decidieron aprobar una autógrafa de ley que había sido observada por el Poder Ejecutivo en el 2017.

Cabe mencionar que antes de la decisión del Pleno del Congreso, por mayoría se rechazó una cuestión previa para que el texto retorne a la Comisión de Justicia. Los resultados de las votaciones fueron las siguientes: 46 a favor, 79 en contra y una abstención.

Al borde de las 01:30 a. m., se exoneró el texto aprobado de segunda votación. De esta manera, el documento será enviado al Ejecutivo para su promulgación u observación.

Es menester recordar que en el 2017, el Ejecutivo observó una autógrafa que sanciona el “abuso del poder económico” con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 6 años, con 180 a 365 días-multa e inhabilitación. En ese mismo año, el Congreso había aprobado castigar hasta con 6 años de prisión a quienes incurran en acaparamiento, especulación y alteración de pesos y medidas.

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