El ex ministro del Interior Carlos Morán Soto había convencido al mandatario Martín Vizcarra para renovar al Comando Policial debido a las deficiencias para atender a los efectivos contagiados y las denuncias de corrupción en las compras de equipos y alimentos para los policías que enfrentan la pandemia del nuevo coronavirus. Morán fue autorizado por el jefe del Estado para designar al teniente general PNP Gastón Rodríguez Limo como comandante general de la Policía Nacional, en lugar del teniente general PNP José Luis Lavalle.
Todo estaba listo para que el viernes asumiera Rodríguez, pero Morán comunicó al presidente que había un problema legal. El teniente general Gastón Rodríguez era el quinto en el escalafón y él tenía que escoger entre los tenientes generales Jorge Flores Pérez, José Baella Malca y Max Iglesias Arévalo. Morán les había pedido que renunciaran y así allanar el camino al teniente general PNP Gastón Rodríguez. Pero todos se negaron a dimitir, con lo que el exministro del Interior se quedó sin piso.
Ahora el teniente general Max Iglesias, a quien Morán quiso sacar, acaba de ser nombrado comandante general de la PNP. Eso no estaba en los planes de Morán.
De acuerdo con fuentes del Ejecutivo, del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, el teniente general Rodríguez expresó su malestar porque su nombramiento había quedado congelado. Decepcionado por la actuación de Morán, Vizcarra preguntó a Rodríguez si estaba en condiciones de asumir el despacho del Ministerio del Interior. El mandatario había decidido renovar el Comando Policial con Morán o sin él y resolvió que sería el mismo viernes. Por eso, en mangas de camisa y blue jeans, juramentó al teniente general Gastón Rodríguez Limo, irónicamente el oficial a quien Morán había propuesto para emprender una etapa de renovación de la Policía Nacional.
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El ministro Rodríguez deberá resolver la desorganización de la Sanidad de la Policía Nacional que carece de recursos y logística para atender a los efectivos contagiados por el nuevo coronavirus, y evitar que los casos de policías fallecidos en sus casas o enfermos y abandonados en los hospitales sigan mellando la moral de la institución. Pero hay otro asunto de mayor desafío: los casos de presunta corrupción en las compras de equipamiento como mascarillas y de alimentos para los policías que cumplen servicios que los expone al contagio.
Uno de los casos más graves al que deberá acometer el titular del Mininter será la denuncia que formulará el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia Arrieta por la compra irregular de 700 mil mascarillas por 8 millones 250 mil soles a la empresa Emotion Group Perú. Un informe de la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional (OCI) concluye que los oficiales implicados en la contratación de dicha proveedora sabían que no pertenecía al rubro sino que se dedicaba a la venta de repuestos y llantas para vehículos. Sin embargo, le otorgaron la adjudicación. Por supuesto, Emotion Group Perú jamás entregó las mascarillas.
La denuncia del fiscal Reynaldo Abia alcanzaría al exdirector de Administración de la Policía Nacional general Héctor Petit Amésquita, bajo cuyo mando actuaron los oficiales y el personal civil de la División de Logística que fraguaron la compra a favor de una empresa carente de experiencia en el suministro de mascarillas para la protección de los efectivos policiales. Por este hecho, importantes unidades policiales se quedaron sin el aditamento necesario para el cumplimiento de sus labores.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, los denunciados serían cinco oficiales de la Policía Nacional y dos personas de la empresa Emotion Group Perú. Uno de los efectivos implicado ha solicitado acogerse a la colaboración eficaz, y sus declaraciones implicarían al general Héctor Petit. Las fuentes policiales recordaron que Petit fue nombrado por el exministro Carlos Morán.
El flamante ministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, señaló que son 11 los policías fallecidos en Lima, y hay otros 1.300 afectados en el personal de la PNP con síntomas “compatibles” con el virus COVID-19, hecho que algunos efectivos han relacionado con la falta de pruebas de descarte y de medios de protección.
“Esta situación compromete la seguridad pública”, denunciaron algunos agentes mientras esperaban turno en un hospital de la PNP para someterse a exámenes.
Rodríguez Limo, sin embargo, consideró que el número de contagios se debe a la exposición que tienen los agentes cuando intervienen a personas inescrupulosas que violan las normas emitidas por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus.
También admitió que la capacidad operativa en las calles se ha visto mermada “porque policías mayores de 60 años han sido enviados a sus casas y por la cantidad de efectivos “sospechosos” que están aislados.
El ministro se comprometió a garantizar que todos los policías del país sean sometidos a pruebas. La primera semana de mayo están llegando 220 mil test de descarte para el personal policial y su familia, adicional a otras 20 mil que ha ofrecido el Ministerio de Salud.
Carlos Morán