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Política

Susana Villarán: PJ decidió que continuará en prisión preventiva

Abogado de ex alcaldesa de Lima manifestó ante el juez Jorge Chávez que su patrocinada estaba en riesgo de contraer el coronavirus (COVID-19).

larepublica.pe
Irregularidades detectadas en reporte de gastos de campaña de reelección de Susana Villarán. Foto: Michael Ramón.

La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán continuará en prisión preventiva, luego que el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, declarara infundado su pedido de cese de la medida cautelar.

El último sábado 18, el mencionado magistrado escuchó, mediante una videoconferencia, los argumentos de Raúl Pariona, defensa legal de la exburgomaestre, quien cumple 24 meses de prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos por los delitos de lavado de lavado de activos y otros en agravio del Estado.

Entre estos argumentos, Pariona Arana sostuvo que su patrocinada debe ser excarcelada debido a que sufre enfermedades como lupus e hipertensión, las que, sumadas a sus 70 años de edad, la ponen en mayor riesgo de contraer el nuevo coronavirus (COVID-19) al permanecer en el referido centro penitenciario.

Juez Jorge Chávez Tamariz. Foto: PJ.

"Mi patrocinada padece de enfermedades graves, y dado el contexto actual de la COVID-19 que genera un riesgo latente a todas las personas y más a las que están en prisión”, manifestó.

Asimismo, el letrado también indicó que en el caso de Susana Villarán no hay peligro procesal, riesgo de fuga ni de obstaculización debido a la crisis sanitaria en el ámbito mundial.

“No vamos a cuestionar en absoluto lo planteado por el Ministerio Público como apariencia de delito y los graves y fundados elementos de que en su momento presentó. [...] Debe primar la salud y la vida de las personas. Dadas las circunstancias, su salud que está en constante peligro, si ella llegara a enfermarse no sería una personas que probablemente sobreviva a esta situación”, agregó.

El Ministerio Público imputa a Villarán la presunta recepción de dinero de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht por más de 10 millones de soles para financiar sus campañas en contra de la revocatoria y la reelección a la Municipalidad de Lima.