Walter Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo, resaltó que es necesario que el Gobierno de Martín Vizcarra difunda más información que sustente las medidas que viene ejecutando en aras de mitigar la propagación del coronavirus (COVID-19).
En diálogo con Correo, Gutiérrez Camacho señaló que es “básico” que se conozca información detallada por cada distrito en el Perú sobre los casos positivos de coronavirus, enfermedad que, hasta este domingo 5, registra 2 281 contagiados y 83 decesos.
“Esta información es básica para que el Gobierno legitime plenamente su accionar. Como Defensoría, nos parece que, en líneas generales, el Gobierno ha actuado oportunamente, han sido medidas duras, pero han sido muy necesarias”, sostuvo.
Asimismo, el defensor del Pueblo refirió que la medida que restringe el tránsito por género es una disposición que la mayoría de ciudadanos comprende el porqué, pero desconoce los datos que sustenten su ejecución. “Estamos en cuarentena, pero la información no puede estar en cuarentena”, asevera.
Consultado sobre el subsidio económico de S/ 380 para familias en situación de vulnerabilidad por el estado de emergencia, Walter Gutiérrez indicó que, de acuerdo a un informe que próximamente será publicado, se halló “serias deficiencias”.
“Encontramos serias deficiencias, pero, bueno, nunca se ha hecho un esfuerzo tan grande, de tanta cobertura como este, no quisiera adelantar porque hay datos objetivos sobre los cuales todavía no tengo una información cerrada”, comentó.
Por otro lado, Gutiérrez Camacho explicó la propuesta de prorratear los pagos en la educación básica y universitaria, cuyas clases quedaron suspendidas desde el pasado 16 de marzo.
Detalló que la propuesta de la Defensoría del Pueblo es prorratear dos o tres meses (abril, mayo y tal vez junio). Además, que a partir de junio se cobre “en 6, 10 o 12 meses”.
“Hay que tener en cuenta que los contratos que firmaron los padres de familia son de un servicio educativo presencial. Habiendo cambiado la base del contrato, porque ahora la educación va a ser virtual, tiene que cambiar también la contraprestación, por lo menos en lo que se refiere a la parte de pago”, concluyó.
Finalmente, afirmó que la Defensoría es “consciente” que hay un personal administrativo y educativo a quienes pagar. “Por lo tanto, para cubrir eso, se plantea que el Gobierno habilite líneas de créditos muy blandas, que se paguen en dos o tres años, (...) o líneas de crédito avaladas por el Estado”, detalló.