El 5 de febrero último, el Poder Judicial concedió la apelación de Keiko Fujimori contra la prisión preventiva impuesta por 15 meses en el caso Odebrecht.
Previo a la expansión del brote de coronavirus en Perú así como del decreto del estado de emergencia en todo el país, la Segunda Sala de Apelaciones encargada de fijar fecha de audiencia para que Keiko recupere su libertad, aún no había programado un día específico para el debate.
Anterior a ello, además, dos jueces de ese tribunal (César Sahuanay e Iván Quispe) se abstuvieron de ver el caso, pues en enero del 2019 ratificaron la medida contra Keiko Fujimori por 36 meses y su presencia supondría una opinión ya concebida del caso que podría afectar su imparcialidad.
En su reemplazo ingresaron dos jueces superiores de otra sala (Rómulo Carcausto y Sonia Torre) para ver la apelación de Keiko Fujimori. Esta serie de cambios, más la carga procesal del tribunal y el último avance de la pandemia han retrasado la programación de una fecha para debatir la prisión preventiva.
El exsecretario general de Fuerza Popular y uno de los actuales directores del BCR, José Chlimper Ackerman, ha logrado aplazar hasta en 3 ocasiones un pedido de comparecencia restringida en su contra.
La audiencia debió realizarse el 10 de diciembre del 2019, el 20 de enero de este año así como el pasado 17 de febrero. No obstante, ninguna pudo concretarse.
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En la última ocasión, el juez Víctor Zúñiga, encargado de revisar el expediente contra Keiko, informó que se había interpuesto una octava recusacion en su contra (recurso para separarlo del caso Cócteles).
Entonces, el intento por apartar al magistrado llegó de la investigada Carmela Paucará, exsecretaria personal de Keiko.
Precisamente este lunes 16 de marzo la Segunda Sala de Apelaciones evaluaría su recurso en audiencia para retirar a Zúñiga. Como aún no se ha resuelto ni convocado a audiencia por este tema debido al estado de emergencia, el juez Zúñiga no puede ver la comparecencia pedida contra José Chlimper.
Chlimper Ackerman es sindicado como miembro de la organización criminal que Keiko Fujimori habría liderado entre el 2011 y el 2016.
Desde el 28 de diciembre del 2018, además, no se ha logrado tampoco debatir el pedido del fiscal José Domingo Pérez para dictar restricciones contra abogados vinculados a Keiko Fujimori y Fuerza Popular.
El pedido contra Giulliana Loza y los abogados Arsenio Oré, Edward García, Luis Lazo, Lorena Gamero y Danae Calderón abarcó entonces no comunicarse con testigos o investigados del caso Cócteles por haber cometido el presunto delito de obstrucción a la justicia.
A todos se les sindicó entonces, sobre la base de los testimonios aportados por Rolando Reategui, Jorge Yoshiyama y Luis Mejía Lecca, de haber influido en falsos aportantes para mentir a la Fiscalía sobre las finanzas de Fuerza 2011 y Fuerza Popular en 2016 para ocultar el origen supuestamente ilícito del dinero llegado de Odebrecht.
En junio del 2019, el juez Zúñiga Urday quiso retomar la audiencia para ver este tema. Sin embargo, tuvo que suspenderse por una recusacion que interpuso entonces la defensa de Jaime Yoshiyama en su contra con el fin de separarlo del caso.
En diciembre último (en dos fechas el 4 y 30 de ese mes), además, la audiencia también fue suspendida por pedido del fiscal José Domingo Pérez, pues incluyó 9 testimonios a su solicitud para que sean debatidos posteriormente.
El Tribunal Constitucional tiene dos hábeas corpus en su larga lista de recursos a revisar: uno de Jaime Yoshiyama y otro más de Pier Figari, ambos también investigados en el caso Odebrecht.
El primero fue ingresado por su abogado Humberto Abanto el 3 de setiembre del 2019 y están a la espera de que se convoque una fecha de audiencia pública.
En este caso, la ponente del caso de Jaime Yoshiyama es la presidenta del TC Marianella Ledesma.
Pier Figari, en cambio, pidió ser excarcelado ante el TC el 27 de setiembre del 2019.
Hace unos días, el Pleno de la institución programó para el hoy miércoles 18 de marzo la evaluación en audiencia de su hábeas corpus. Sin embargo, esta se ha visto suspendida por la medida de emergencia e inmovilización obligatoria decretada por Martín Vizcarra el último domingo.
En este caso, el ponente que elaborará una decision a debatir es el magistrado Carlos Ramos Núñez.