Jorge Simoes Barata y la constructora Odebrecht pueden ser reincorporados a la investigación sobre presuntos actos de corrupción en la adjudicación del proyecto del Gasoducto del Sur, declaró las fiscal Geovana Mori, del equipo Especial Lava Jato.
El problema es cómo hacerlo para que la reapertura del caso no afecte el debido proceso y el derecho de defensa de los investigados. Es decir, no es suficiente que la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión lo haya pedido. Se debe fundamentar la decisión.
Tampoco puede ser una respuesta a la solicitud de arbitraje que la constructora brasileña presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, CIADI del Banco Mundial por 1,200 millones de dólares.
De acuerdo con fuentes fiscales, la reapertura de una investigación debe sustentarse en indicios o pruebas recogidas con posterioridad a la decisión de archivo del caso, para no afectar el principio de la cosa decidida.
La decisión de archivar la investigación a Odebrecht y sus directivos por el Gasoducto del Sur Peruano se firmó el 27 de septiembre y se ratificó el 3 de diciembre del 2019.
Declaraciones antiguas
Es decir, la fiscal Mori debería sustentar la reapertura de investigación en hechos que se hayan conocido después del 3 de diciembre del 2019. Nuevos indicios, nuevos testimonios, nuevas pruebas.
Lo cual complica su decisión. Para diciembre, Odebrecht ya había reconocido responsabilidad en pagos no contabilizados con cargo al proyecto del Gasoducto, por lo que esto no podría utilizarse como elemento para la reabrir la investigación.
Según la reciente carta de la constructora a la fiscalía, el 12 de junio y 8 de julio de 2019, Barata reconoció la existencia de pagos realizados con recursos no contabilizados (caja 2) a codinomes asociados al proyecto GSP.
Es decir era una información conocida al momento de archivar el caso.
Lo mismo sucede con la declaración de José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña sobre Gasoducto. Ellos se acogieron a la colaboración eficaz en agosto del 2019.
Si bien, los Graña se acogieron en otro caso y Mori no podía saber esa información, si la debió conocer el fiscal superior coordinador que confirmó el archivo, a favor de Odebrecht.
Por ello, la fiscal Mori afirma que la reapertura de la investigación dependerá de los hallazgos en el proceso de corroboración del proceso de colaboración eficaz, esto es, de las declaraciones de Barata y los Graña. Esa información si sería nueva y justifica reanudar la investigación.
A contra reloj
Otro aspecto a tener en cuenta, de acuerdo con nuestras fuentes, es que el 3 de febrero último, concluyó la etapa de investigación preliminar del caso Gasoducto del Sur.
Mori ha dispuesto una ampliación extraordinaria por 20 días más. En tanto, la Sala de Nacional de Apelaciones ya le ha pedido que observe la rigurosidad de los plazos, pues los investigados podrían aducirse que se afectan sus derechos.
La fiscal del Equipo Especial Lava Jato amplió el plazo de investigación para recoger las declaraciones de Carolina Jessica Tavera, Luis Palacios Cisneros, Hugo Silva Quintana, José Sarrio Abad, Álvaro Mayorga Alba, Carolina Noriega Ackermann y de los brasileños: Raymundo Trinidad, Raymond Rodríguez Carvalho y Jorge Simões Barata. Las declaraciones de los brasileños recién podrían realizarse en marzo.
Al concluir el plazo, la fiscal debe decidir si pasa a la etapa de formalización de investigación preparatoria al expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia, ministros y otros funcionarios que tuvieron participación en el caso del Gasoducto.
Ese sería el momento de reevaluar la situación de la empresa brasileña y sus exdirectivos. La fiscalía podría decidir iniciar una nueva investigación aparte, lo que permitiría diligencias preliminares y otorgaría un plazo distinto, al de la investigación principal.