Dos caras de Odebrecht
El fiscal Rafael Vela está seguro de que las delaciones y la acusación al Estado peruano van por cuerdas separadas. Hay allí una explicación o un debate jurídicos pendientes.
Siempre se supo que Odebrecht era un interlocutor complicado. Ser una empresa corruptora, delatora, deudora, luego acreedora y constructora interesada en seguir operando en el país, siempre ha sido vista como una combinación extraña, por decir lo menos. Con su demanda contra el Perú ante el CIADI las piezas del rompecabezas podrían entrar en revisión.
En principio el acuerdo entre Odebrecht y la fiscalía peruana se ha ido cumpliendo, con la entrega de información sobre delitos ajenos a cambio de impunidad para los propios. Sobre esta base se vienen construyendo algunos de los expedientes más importantes en el caso, con la empresa como el más eficaz y prolífico colaborador de la justicia.
El paso del tiempo empezó a sugerir que esta relación no es simple, que Odebrecht maneja una estrategia propia que no necesariamente coincide al 100% con los intereses del país. Las ideas en esto fueron que no todo está siendo revelado, que hay acusaciones poco claras, o que los fundamentos de las delaciones empezaban a demorar más de la cuenta.
Aun así, la contraprestación ha sido efectiva. Un documento de la empresa derrocó a Pedro Pablo Kuczynski, delaciones de Jorge Barata llevaron a Alejandro Toledo y César Villanueva a la cárcel, y también por un tiempo a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Odebrecht juega un papel importante en la investigación a Keiko Fujimori, y ahora último a Luis Castañeda.
Una primera reacción, sobre todo entre los interesados, ha sido que el juicio abierto por Odebrecht al Estado peruano por US$ 1,200 millones afecta, hasta invalida, los años de avance investigativo de la fiscalía. Hasta el momento no está nada claro por qué lo haría. Salvo que se piense que ir al CIADI convierte en mentira todo lo declarado a la justicia peruana.
El fiscal Rafael Vela está seguro de que las delaciones y la acusación al Estado peruano van por cuerdas separadas. Hay allí una explicación o un debate jurídicos pendientes. Pero para la lógica del público hay algo que simplemente no funciona entre Odebrecht colaborador con la justicia peruana y Odebrecht enjuiciador al Estado peruano.
El argumento de Odebrecht para ir al CIADI ha sido la presión de sus acreedores. ¿Tiene el Perú alguna forma de presión que desactive la demanda?