La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, señaló que el próximo Congreso de la República, que se elegirá el próximo 26 de enero, deberá “mejorar” la redacción de la Constitución Política respecto a la cuestión de confianza, a fin de evitar en el futuro interpretaciones que pongan en riesgo la estabilidad institucional del país.
“El Congreso tiene que hacer su rol en cuanto a la redacción de una mejor interpretación de esta norma”, afirmó la magistrada Ledesma en una entrevista este miércoles con RPP Noticias.
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La titular del TC, asimismo, resaltó que tras emitir el fallo que declaró infundada la demanda competencial interpuesta por Pedro Olaechea, los integrantes del Tribunal Constitucional se mostraron a favor de enviar sugerencias al próximo Parlamento con el fin de evitar que su decisión de convierta en una “carta blanca” para futuros gobiernos.
“No va a ser una carta blanca, porque vamos a señalar algunas ideas rectoras que deberían desarrollarse a futuro para que no pueda desnaturalizarse este ejercicio de la cuestión de confianza”, sostuvo la presidenta del Tribunal Constitucional.
“Serán ciertos criterios que deberían considerarse a futuro en la cuestión de confianza para evitar que esto se pueda dar de una manera arbitraria”, agregó Ledesma.
En la última sesión plenaria del Tribunal Constitucional, transmitida en vivo por primera vez bajo la presidencia de la magistrada Marianella Ledesma, con una votación de 4 votos sobre 3, el colegiado de jueces constitucionales decidió respaldar la ponencia del magistrado Carlos Ramos, quien recomendó declarar infundado el recurso planteado por Pedro Olaechea contra la disolución del Congreso.
Olaechea, como se recuerda, interpuso una demanda competencial contra el Ejecutivo en respuesta al cierre del Congreso, cuestionando la actuación del Gobierno por haber planteado una cuestión de confianza sobre el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Ledesma, sin embargo, anunció en una conferencia de prensa, tras conocerse el fallo del TC, que el colegiado que preside decidió declarar “constitucional” la actuación del Ejecutivo el pasado 30 de setiembre.