La Tercera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ratificó la derivación de la investigación por el deslacrado de las oficinas del Ministerio Público, hecho ocurrido en enero del 2019, a una fiscalía penal común. Personas involucradas eran vinculadas al despacho del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.
A través de la disposición superior N°02-2019, la referida fiscalía, que es dirigida por Nelly Castro Olaechea, declaró el pedido de elevación de actuados que interpuso el procurador Javier Pacheco para que la mencionada investigación sea derivada.
El procurador público sostuvo en el su documento de impugnación que, lejos de derivar el caso, correspondía formalizar una investigación preparatoria para que se profundice la evaluación de los hechos sucedidos, “móviles y factores motivaciones y/o de ofrecimientos que habrían tenido todos los investigados”.
Con esta decisión, el Ministerio Público determinó que no se continúe el proceso por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio contra los exfuncionarios de la fiscalía Rosa Venegas, Aldo León, Juan Manuel Duarte, Max Aranda, Juan Asmat Bucalo, César Sandoval, Arturo Benavente y Marco Elaluf, así como los policías Juan Arias Contreras, Hugo Robles y James Rodríguez Zavaleta.
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“Consideramos que por el momento, en el presente caso no existe causa probable ni motivos razonables para considerar la necesidad de una apertura y continuación de una investigación por los delitos de cohecho pasivo propio y cohecho pasivo propio en el ámbito de la función policial, pues conforme a los hechos puestos a conocimiento del Ministerio Público, no se niega la posibilidad de comisión de conducta punible, cuya calificación provisional se subsumió en los delitos de destrucción de envolturas, sellos o marcas puestas por la autoridad y encubrimiento real [...] siendo así que se ha de continuar con su investigación por un fiscal competente”, se lee en la disposición.
El 5 de enero del 2019, Rosa Venegas, entonces asesora de Pedro Chávarry, ingresó a una oficina previamente lacrada por el fiscal provincial José Domingo Pérez, quien pertenece al Equipo Especial Lava Jato.