Corte Suprema y Junta de Fiscales pueden cambiar

Una vez que la Junta Nacional de Justicia empiece a funcionar podría variar de manera sustancial la composición de la Corte Suprema y de la Junta de Fiscales Supremos.

Como se conoce, las funciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) incluyen nombrar y ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles. Asimismo, aplicar la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos.

En el caso de los fiscales supremos, Tomás Gálvez Villegas es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal, por los vínculos que tendría con “Los Cuellos Blancos”. En noviembre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria le impuso impedimento de salida del país por ocho meses.

Víctor Rodríguez Monteza es vinculado en el mismo caso. De hecho, es protagonista de uno de los audios difundidos, en el que aparece conversando con el empresario textil Mario Mendoza.

Pedro Gonzalo Chávarry también ha sido relacionado con esa organización puesta en evidencia el 2018. Si ellos tres dejaran sus cargos, solo se quedarían en la junta Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez.

Respecto de la Corte Suprema hay jueces relacionados con denuncias que la JNJ tendrá que evaluar: Ángel Romero, quien aparece en audios con el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, o Aldo Figueroa, a quien se le escucha en una conversación con el expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos, otro de los involucrados en “os Cuellos Blancos”.

La misma situación atraviesa el juez supremo Martín Hurtado Reyes. De hecho, el fiscal Pablo Sánchez dispuso abrirle una investigación preliminar por 180 días. Hurtado está implicado en varios audios con Hinostroza. No son los únicos.

Desde España

Las juramentaciones de María Zavala y de Marco Falconí como miembros titulares de la JNJ quedaron en suspenso por una serie de cuestionamientos, entre ellos las varias comunicaciones que ambos sostuvieron con Hinostroza.

En un comunicado enviado desde España, Hinostroza argumentó que estos diálogos se produjeron por “motivos laborales y académicos”.

“El hecho de llamar o recibir llamadas telefónicas de una persona “investigada”, que mantiene intacto su derecho constitucional de presunción de inocencia, no constituye falta alguna”, señaló Hinostroza.

Además, indicó que “satanizar” a sus interlocutores por estas comunicaciones es un “acto oprobioso y violador de los derechos humanos”.

Zavala y Falconí no son los únicos integrantes de la JNJ que han sido relacionados con Hinostroza. Un informe de Latina, difundido ayer, dio cuenta de que el suplente Julio Rodríguez Mendoza tiene 7 llamadas con el exjuez supremo.

Estas se produjeron entre mayo del 2016 y julio del 2017. Todas realizadas por Hinostroza, según siempre la información de Latina.

En el informe de Latina, Rodríguez Mendoza negó que estas comunicaciones hayan tenido como propósito alguna “coordinación que sea ilegal, o de protección a alguna persona o de tráfico de influencia”.

Cabe señalar que la Comisión Especial, que tuvo a cargo la selección de los miembros de la JNJ, acordó que se solicitará información a la Fiscalía sobre los registros de las llamadas de Falconí y Zavala.

Ambos han sido citados para hoy. Si la elección de alguno de ellos se anulara, quien asumiría el puesto sería el primer suplente en el orden de méritos, Guillermo Thornberry Villarán.

Con Falconí y Zavala ha sido convocado el abogado Abraham Siles Vallejos (el segundo suplente) para responder si es que representa los intereses de alguna organización civil (leer recuadro).

Siles pide que transmitan su intervención ante la comisión

El abogado Abraham Siles Vallejos, segundo suplente, fue convocado por la Comisión Especial a cargo de la selección de los miembros de la JNJ. La cita es hoy a partir de las 9:40 de la mañana. Se supone que responda sobre sus supuestas relaciones con ONG. En una carta, Siles solicitó se “precisen las observaciones” por absolver.

“La referencia contenida en la invitación que me cursan, a que absuelva las consultas de la CE ‘sobre los hechos recientemente difundidos por los medios de comunicación’, es demasiado genérica y por ello violatoria del derecho al debido proceso en sede administrativa, consagrado por el artículo III, literal i de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (LOJNJ)”, señaló Siles.

Siles también solicitó que su intervención y la de los demás postulantes para solicitar aclaraciones se transmitan por TV.