Fiscalía del Callao incluye a gobierno de Canadá como integrante de organización criminal
Señalamiento. Compra de bases modulares para la Infantería de Marina se efectuó de gobierno a gobierno, pero autoridad sostiene que existió un supuesto acuerdo para favorecer a una empresa que fue designada por las autoridades canadienses.
El fiscal especializado en corrupción de funcionarios del Callao, Eugenio Perca Contreras, ha resuelto que en el caso del contrato entre la empresa Servicios Industriales de la Marina (SIMA) y la empresa canadiense Weatherhaven para la compra de bases modulares por 21 millones de soles, se produjo una característica concertación de voluntades de las organizaciones criminales.
Eugenio Perca afirma que las autoridades del SIMA direccionaron el contrato para favorecer a Weatherhaven, entendiéndose que a cambio estas percibieron pagos ilegales. Así contada la historia parece otro caso más de corrupción, pero lo que está diciendo el fiscal Perca con su resolución es que el gobierno de Canadá está implicado en una operación comercial donde existió pago de sobornos.
En el planteamiento del fiscal Perca se desconoce el procedimiento legal seguido para el contrato entre el SIMA y la entidad gubernamental Corporación Comercial Canadiense (CCC), e involucra en una presunta operación ilícita al gobierno de Canadá.
Fue en 2013 que el Ministerio de Defensa y la CCC, con la finalidad de transparentar las adquisiciones militares, suscribieron un memorando de entendimiento, que permitía a las fuerzas armadas peruanas acceso a la industria canadiense.
En 2014, en aplicación de este acuerdo, el SIMA, en atención a un requerimiento de la Marina de Guerra del Perú de tres bases modulares, consultó al CCC la disponibilidad de dicho equipamiento. El gobierno de Canadá, por intermedio del CCC, designó a la compañía Weatherhaven y posteriormente la subcontrató.
Satisfactoria entrega
En este procedimiento no hubo licitación porque se aplicó un convenio respaldado por la Ley 30191 de Medidas para la Prevención, Mitigación y adecuada Preparación para la Respuesta ante Situaciones de Desastre. Además de la Ley 27073 de Servicios Industriales de la Marina S.A.
Por añadidura, el gobierno de Canadá asumió plena responsabilidad por todas las obligaciones contraídas, respaldaba la operación en tiempo y calidad, y mitigaba los posibles riesgos contractuales. Mediante esta fórmula, el Estado canadiense por intermedio de la CCC ha vendido al Perú vehículos anfibios, helicópteros y diverso equipamiento militar.
Desde el punto de vista de la fiscalía, aparentemente, se festinaron trámites para evadir el control. Sin embargo, la adquisición de las bases modulares era parte de los Planes Estratégicos de la Marina y el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el respectivo Proyecto de Inversión Pública (PIP).
Las bases modulares suministradas por la CCC y el SIMA fueron recibidas a satisfacción completa por el usuario, la Infantería de Marina, y han sido empleadas en los últimos desastres naturales y hasta el momento no se han reportado deficiencias.
Sin embargo, en 2017, el procurador de la Contraloría General de la República formuló denuncia penal contra los oficiales de la Marina que participaron en el proceso de adquisición de las bases modulares y los acusó de aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado peruano y en beneficio de la canadiense Weatherhaven.
Extraño giro
En julio de 2018, debido a la ausencia de los auditores de la Contraloría a las citaciones para que sustenten las presuntas irregulares, la fiscalía decidió continuar la investigación preparatoria.
La fiscalía tuvo hasta abril de 2018 para sustentar las imputaciones a los oficiales de la Marina, pero en lugar de archivar el caso por falta de pruebas, lo amplió ocho meses para que, entre otras diligencias, el gobierno de Canadá respondiera un cuestionario. Quiere decir que la fiscalía especializada en corrupción de funcionarios del Callao mantenía la hipótesis de la presunta participación del gobierno canadiense en una organización criminal.
Cuando se cumplieron dos años y medio del caso, los marinos plantearon a la Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao se diera por concluido el caso, porque el fiscal Eugenio Perca no había cumplido con las diligencias que señaló que eran necesarias, cuando sustentó la ampliación de las investigación por ocho meses.
Dicha instancia citó a las partes para el pasado 5 de diciembre. No obstante, sorpresivamente, antes de que la Primera Sala resuelva el caso, al día siguiente el fiscal Perca comunicó a los imputados que había resuelto el 2 de diciembre la presunta existencia una organización criminal integrada por los efectivos de la Marina, por lo que ampliaría por otros 36 meses el caso.
