Por qué la ministra de Trabajo debe renunciar

La muerte de Alexandra Porras y Carlos Campos es un escándalo sin atenuantes. Lo es porque ellos trabajaban para la franquicia de una transnacional. ¿Qué más formal que eso? Lo es porque un mísero cable pelado no fue arreglado a tiempo; porque no tenían ni los más baratos guantes y botas aislantes de electricidad; porque el sistema de pozo a tierra no tenía mantenimiento; porque McDonald’s no instaló un interruptor diferencial que cuesta menos de 200 soles y les habría salvado la vida. Es un doloroso escándalo cuyo agravante es la miseria en que empleadores de corporaciones, empresas y transnacionales tienen sumidos a los jóvenes peruanos.

Historias de horror y explotación han comenzado a llenar las redes sociales de jóvenes convertidos en esclavos modernos bajo el modelo neoliberal que en el Perú impera desde los 90, sin importar quién gobierne. La lucha por conservar derechos laborales ganados es de tensión permanente porque no hay gobierno en el que el poder empresarial no intente pasar legislación abusiva y denigrante de la condición humana.

El argumento falaz suele ser que hay que ‘flexibilizar’ (recortar derechos) para ahorrar costos y mantener puestos de trabajo en beneficio de todos. Pero la realidad es que los únicos que siempre florecen son los empleadores; incluso en época de bonanza macroeconómica. Mientras hubo crecimiento en el Perú, si bien creció el empleo formal, la mayoría de esos empleos fueron precarios, según el investigador Kike Fernández Maldonado: “3 de 4 empleos creados en ese periodo eran del tipo precario”, temporales, inseguros, sueldos mínimos. El trabajador formal neoliberal precario gana un sueldo miserable, vive angustiado sufriendo en silencio la humillación del abuso y la inestabilidad, sin quejarse para que le renueven el contrato temporal una y otra vez, sin poder unirse a un sindicato que los proteja y sin capacidad de ahorro o mejoras.

Y esas son las condiciones de explotación que el poder político legaliza en beneficio del poder empresarial. Recordemos la lucha contra la Ley Pulpín durante el gobierno de Humala, que se ganó en las calles. De otra forma ellos nunca retroceden. La avaricia empresarial no se rinde, por eso la precarización siempre está al acecho. En el Perú neoliberal de hoy, 3 de cada 4 trabajadores formales tienen contratos temporales/precarios. Ya desde setiembre la excongresista Indira Huilca advertía que los cambios en SUNAFIL aprobados por este gobierno tendrían un ‘fuerte impacto negativo’, que bajo “el pretexto de agilizar los procesos inspectivos” se recortaron las inspecciones a las empresas “a solo 1 y las comparecencias a solo 1” tornándolas inútiles y negligentes.

Y si la SUNAFIL no tiene más inspectores y presupuesto no es casualidad, es porque así es funcional al empresariado abusivo y la coartada para que el Ejecutivo diga que ‘no puede hacer más’. Hoy, por estos y otros cambios que favorecen al empresariado abusive y desprotegen al trabajador, Alexandra y Carlos están muertos. La ministra de trabajo, Sylvia Cáceres, debe renunciar porque son sus muertos, porque ella ha permitido y es responsable de la ineficiencia del sector que ha llevado a sus absurdas y evitables muertes. Debería renunciar en un acto de contrición y de llamada de consciencia a Vizcarra de que sus políticas antilaborales matan, de que él también es cómplice de estas muertes y de que hoy sin un Congreso obstructor, si alguien puede empezar a cambiar las cosas es él.