Magistrados sancionados con destitución aún se mantienen como jueces y fiscales

Óscar Libón y Alejandra Canchanya

Convoca.pe

A pesar de la desarticulación de Los Cuellos Blancos del Puerto y las medidas para erradicar actos irregulares o de corrupción en este sector del Estado, durante 2018 y 2019, los órganos de control interno del Ministerio Público y del Poder Judicial continuaron hallando graves inconductas funcionales que fueron sancionadas con al menos 269 propuestas de destitución contra fiscales y jueces.

La mayoría de estos magistrados castigados con la máxima sanción administrativa –varios de los cuales a su vez están implicados en hechos delictivos– aún forman parte de las referidas instituciones, bajo la condición de suspendidos. Esto debido a que desde julio de 2018 no existe una entidad que procese las sanciones emitidas por la Fiscalía Suprema de Control Interno y la Oficina de Control de la Magistratura. Se estima que desde enero próximo la Junta Nacional de Justicia (JNJ) asumirá las funciones de ratificación y destitución de magistrados, en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Ante esta situación, Convoca.pe revisó más de 400 resoluciones aprobadas por la OCMA –entre 2007 y 2018– en las que se solicitaba la destitución de jueces por haber cometido faltas graves. Se hallaron 15 casos de jueces sancionados con ese drástico castigo que lograron permanecer en el Poder Judicial, la mayoría de ellos debido a que el CNM resolvió a favor de los magistrados infractores.

En esta relación aparecen dos jueces de la Corte Suprema: el vocal supremo Ángel Romero Díaz, miembro de la Sala Plena y presidente de la Sala Civil Transitoria, y la magistrada suprema provisional Zavina Chávez Mella, integrante de la Sala Penal Permanente. Para ambos hubo propuestas de destitución por la OCMA en 2007, pero las solicitudes no prosperaron.

Salvado por el CNM

Ángel Romero fue promovido a vocal supremo por el CNM en diciembre de 2015, cuando este organismo estaba presidido por Guido Aguila, quien renunció al cargo por su vinculación con Los Cuellos Blancos del Puerto. La designación de Romero se realizó el mismo día en el que César Hinostroza fue nombrado juez supremo, también implicado en la red de corrupción.

Romero fue relacionado a los “Cuellos Blancos” por la versión de un aspirante a colaborador eficaz que afirmó que su nombramiento había sido negociado. El magistrado rechazó ese señalamiento. Además, se difundió un audio de una sospechosa conversación telefónica de Romero con Hinostroza sobre un caso de la Oficina de Normalización Previsional.

Años antes, en junio de 2007, la OCMA había pedido la destitución de Romero al acoger una denuncia del Banco Central de Reserva, por disponer el pago de sueldos devengados a exservidores de esa entidad pública cesados durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Se determinó que al resolver este caso en 2006, el entonces juez de la Cuarta Sala Civil de Lima cometió lo siguiente: 1) violó un precedente del Tribunal Constitucional, 2) declaró fundada la apelación a favor de extrabajadores que habían consentido una sentencia, y 3) resolvió dos casos idénticos de forma absolutamente distinta.

En diciembre de 2007, el CNM por mayoría acordó destituir a Romero, pero en abril de 2008 este órgano lo restituyó en su cargo. El cambio de decisión fue considerado como un hecho sin precedentes. El CNM estaba presidido por Edmundo Peláez Bardales, hermano del ex fiscal de la Nación José Peláez. Romero y Peláez tenían en común su cercanía con el Apra.

Magistrada cercana a César Hinostroza

La jueza Zavina Chávez fue vinculada a César Hinostroza, pues no solo integraba la Segunda Sala Suprema Penal Transitoria que presidía el prófugo magistrado, también gestionó que el asesor de este vocal fuera designado como su secretario de confianza.

En 2007, cuando era vocal superior en Lambayeque, la OCMA propuso su destitución tras establecer que cometió irregularidades como jefa de la Odicma, en relación a una fiesta organizada por un litigante.

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