La decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la disolución del Congreso marcará el inicio de año, en pocas semanas. Desde ya, la posibilidad de que califique de inconstitucional esta medida del Poder Ejecutivo enciende las alarmas.
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Fuentes cercanas al TC alertan sobre la intención de que el fallo explicite que hubo inconstitucionalidad en esta medida. De hecho, en la audiencia sobre este caso, la semana pasada, el presidente de este tribunal, Ernesto Blume, concluyó con algunas preguntas en ese sentido.
“¿Usted admite la posibilidad de que pueda haber un exceso y, por tanto, una situación infractora de la Constitución?”, inquirió insistente al procurador del Ejecutivo, Luis Huerta.
Algunos especialistas consideran que calificar de inconstitucional la disolución del Congreso abre camino a sanciones a Vizcarra, incluida la vacancia.
“Creo que... la solución va a ser intermedia: es decir, el tribunal va a decir ‘esto no fue constitucional’ pero no va a retrotraer las cosas para atrás porque ya hay una situación de hechos consumados”, comentó el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga en Canal N.
"No exonera de responsabilidad a nadie... Desde la infracción a la Constitución hasta las figuras penales... La vacancia depende del número de votos... El presidente lo tiene muy complicado", agregó el especialista.
“El presidente puede ser responsabilizado. La responsabilidad puede canalizarse por dos vías. La más lógica es que sea por la de infracción a la Constitución. La vía de la vacancia está regulada de una manera demasiado abierta. Cualquier cosa puede ser incapacidad moral”, dice el abogado Luciano López, profesor de las universidades Católica (PUCP) y San Martín.
Añade que los exintegrantes del Congreso disuelto podrían demandar judicialmente reparaciones económicas si el TC declara que la disolución del Parlamento infringió la Constitución.
Sin embargo, el expresidente del TC César Landa sostiene que no cabe sanción al presidente pese a que este tribunal considere que se contravino la Constitución con esta decisión.
"Nunca una ley declarada inconstitucional puede generar una infracción para procesar a los congresistas. En el caso de una demanda competencial, a igual razón, igual derecho. No podría acarrear una responsabilidad individual", explica.
"El presidente que toma la decisión no tendría ninguna responsabilidad subjetiva para un proceso de acusación constitucional. Sería una barbaridad", sostiene el constitucionalista.
El caso del magistrado del TC Eloy Espinosa-Saldaña, denunciado por la secretaria general de dicha institución por presunto maltrato psicológico, será visto en enero del 2020. Esto porque el magistrado documentó tener descanso médico hasta este viernes 13, cuando el TC ya entró en receso hasta enero.
El tribunal empezará con especial expectativa el nuevo año.