El procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Enrique Cosavalente Chamorro, presentó una solicitud ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que se inicie una investigación preliminar contra el presidente de la Comisión Permanente Pedro Olaechea por presunta usurpación de funciones.
Esta medida la toma luego que el titular de la Comisión Permanente interpusiera una demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la disolución del Congreso decidido por el presidente Martín Vizcarra.
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“Solicito se disponga aperturar investigación preliminar contra Pedro Carlos Olaechea Álvarez Calderón y los que resulten responsables por el delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones”, se lee en el documento difundido por Canal N.
Foto: Captura.
En la solicitud se especifica que esta decisión la toman porque Olaechea presentó la demanda competencial contra el Poder Ejecutivo y una medida cautelar con la que pide que se deje sin efecto la disolución del Parlamento.
“Se puede evidenciar que el denunciado viene ostentando un cargo que no le corresponde al presentarse como presidente del Congreso de la República”, indica el pedido precisando que el único cargo que tiene es el de titular de la Comisión Permanente del Parlamento.
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Además, solicitaron también el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los integrantes de la Comisión Permanente que resulten responsables como cómplices primarios de este delito.
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Esto por haber autorizado, en la sesión del 2 de octubre, a Pedro Olaechea que presente demanda competencial y medida cautelar ante el TC.
“Respecto a los miembros de la Comisión (...) quienes resultarían primarios o pasibles de ser investigados en calidad de cómplices primarios, por haber prestado un auxilio doloso para la realización del hecho punible denunciado sin el cual no se hubiera perpetrado”, precisó.
El último viernes el mandatario criticó la acción de Olaechea y lo calificó de manera enfática que el acto corresponde al delito de usurpación de funciones. Argumentó que el Congreso ya no existe desde que emitió el decreto presidencial el 30 de setiembre.
Adelantó que el procurador actuará conforme a ley y dijo que Pedro Olaechea “tiene que ser responsable de sus actos”.
“El señor Olaechea no es presidente del Congreso, y si presenta un documento firmando como presidente del Congreso está infringiendo una norma, está usurpando un cargo que no le corresponde. Es presidente de la Comisión Permanente, no es presidente del Congreso porque usando el respaldo de la ley, el Parlamento ha sido disuelto y va nuevamente a elegirse el 26 de enero”, dijo el jefe de Estado.
La infracción constitucional de usurpación de funciones está tipificada en el artículo 361 del Código Penal como el delito penal implica que una persona, sabiendo que no tiene la facultad, ejerce a propósito una función distinta a la que le corresponde. Tiene una pena de 4 a 7 años de cárcel.