El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, afirmó que espera que el Tribunal Constitucional no resuelva dejar en libertad a Keiko Fujimori porque, a su parecer, no hay garantías que aseguren el progreso de la investigación que sigue contra la lideresa de Fuerza Popular.
En diálogo con Canal N, Pérez sostuvo que “se ha acreditado un peligro de obstaculización grave” luego de que la Corte Suprema resolviera solo disminuirle a la hija de Alberto Fujimori la prisión preventiva a 18 meses, rechazando el pedido de la defensa, que solicitaba la nulidad de la medida restrictiva.
“Considero, como fiscal del caso, que no existen las garantías para que Keiko Fujimori pueda llevar un proceso en libertad, porque se ha acreditado un peligro de obstaculización grave”, indicó José Domingo Pérez.
El fiscal señaló que la Corte Suprema reconoció “que los testigos han señalado que se buscaba presionar al Ministerio Público para obtener beneficios en sus investigaciones”, a través de la figura de Pedro Chávarry, quien estuvo al frente de la Fiscalía, representando, según el propio Pérez, un contratiempo para el Equipo Especial.
José Domingo Pérez acotó que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aceptó su tesis de la organización criminal que lideraría Keiko Fujimori.
Citando a la casación de la lideresa de Fuerza Popular, Pérez indicó que el colegiado “ha establecido que estamos ante una organización criminal que tenía como finalidad obtener poder político a través de su participación en las elecciones del año 2011”.
Para este fin, señaló Pérez, Keiko Fujimori estuvo al frente de una operación para que Fuerza Popular recibiera un aporte de “un millón de dólares de la empresa Odebrecht, dinero que provenía de actos de corrupción”.
A cambio de este aporte, el fiscal del Equipo Especial estableció que, “de llegar al poder, [la organización criminal liderada por Keiko Fujimori] entregaría a la empresa [Odebrecht], si fuera en el Ejecutivo, la ejecución de obras sobrevaloradas; en el poder Legislativo, beneficios normativos, ineficacia en el control o fiscalización; y algún tipo de interferencia o favorecimiento judicial”.
“Esto se ocultó a través de actividades proselitistas como los cócteles o las campañas para recaudación de fondos. Esa es la tesis que yo propuse al iniciar esta investigación, y que tanto en segunda instancia como en sede de casación, los jueces la han aceptado y la han reconocido”, enfatizó el fiscal José Domingo Pérez.
“Es decir”, añadió el fiscal Pérez, “lo que estamos hablando respecto a Keiko Fujimori, es un delito”.