Ética no investigará a Galarreta hasta que se pronuncie Olaechea, afirma Sánchez

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, adelantó este miércoles a La República que, hasta que no se pronuncie el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, no abrirá una investigación al legislador de Fuerza Popular Luis Galarreta, pese a que durante su gestión como titular del Legislativo se aprobó la contratación de allegados al fujimorismo como trabajadores por tiempo indefinido.

La parlamentaria de Contigo, quien fue ratificada al frente de Ética por Fuerza Popular, sostuvo que ahora, tras conocerse el informe de la Contraloría que evidenció las contrataciones irregulares, lo que corresponde es que la Mesa Directiva informe a la representación sobre este tema.

"Considero de que [se debe informar] no solamente a los miembros de la Comisión [de Ética]”, dijo la exoficialista en diálogo con La República.

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Si bien Sánchez reconoció que es “oportuno” y “pertinente" conocer el “cómo se ha llevado a cabo este proceso”, lo cierto es que adelantó que aguardará a que Pedro Olaechea y la Mesa Directiva que preside se pronuncien sobre el caso.

“Vamos a esperar que se pronuncie para tener mayor conocimiento del caso y ver qué se puede hacer al respecto”, dijo brevemente la parlamentaria.

Respecto al informe de la Contraloría, la presidenta de la Comisión de Ética dijo solamente que este “tiene que ser corroborado” por el mismo Congreso.

Agencia de trabajos fujimorista

De acuerdo a una auditoría al Parlamento, la Contraloría detectó durante la gestión de Luis Galarreta como presidente del Congreso se nombró de manera irregular a trabajadores otorgándoles la condición de “plazo indeterminado” en sus contratos, pese a que no contaban con los requisitos necesarios para ostentar dicha categoría.

Según la auditoría, algunos de estos trabajadores —allegados a Fuerza Popular— fueron contratados con un acuerdo de la Mesa Directiva que dirigía entre el 2017 y el 2018 el Congreso, y que estaba integrada también por el fujimorista Mario Mantilla, el aprista Mauricio Mulder y el legislador de Alianza Para el Progreso Richard Acuña.

La Contraloría da cuenta en su informe de que la contratación irregular de estos trabajadores se pudo conseguir debido a que, para marzo de 2018, el Estatuto del Congreso de la República, que regula lo concerniente al servicio parlamentario, estaba suspendido.

En efecto, este marco regulatorio fue suspendido el 11 de enero de ese mismo año a través de la resolución legislativa N°006-2017-2018-CR, que lleva las firmas de Luis Galarreta y su colega fujimorista Mario Mantilla, a la sazón primer vicepresidente del Congreso.

En sus conclusiones, la auditoría determinó que “no se evidenció que los 10 trabajadores cumplían" con los requisitos para que se varíe su régimen laboral por un tiempo indefinido.