Por Henry Cotos
La denuncia del procurador anticorrupción Amado Enco, contra el procurador Ad Hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, es una descalificación que alcanza también a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato y eso puede afectar seriamente las investigaciones e incluso paralizar la entrega de información de los exdirectivos de Odebrecht.
Así lo manifestó el exfiscal anticorrupción Avelino Guillén, quien advirtió que Odebrecht puede retraerse de dar información mientras el Estado, representado por los procuradores, no se ponga de acuerdo e incluso puede suspender la colaboración usando esta denuncia como pretexto.
“La denuncia es una suerte de descalificación al Equipo Especial, le va quitar impulso, capacidad de maniobra y posibilidades de exigir nuevas condiciones a Odebrecht. Espero que sea evaluada rigurosamente por la Fiscal de la Nación”, señaló.
Consideró que es una medida apresurada pues la devolución de los 524 millones está siendo objeto de una deliberación y por lo menos se debió esperar que se pronuncie la Unidad Funcional del Ministerio de Justicia y la Procuraduría, ante el informe del Equipo Especial Lava Jato.
“El objetivo que nos debe reunir y por el que todos debemos aportar, es que los 524 millones queden como garantía ante las nuevas revelaciones. Lamentablemente esa denuncia no aporta a ese objetivo. Lo central es no perjudicar al Estado y eso pasa por no devolver ese dinero”, declaró a La República.
Guillén sostuvo que los términos del acuerdo de colaboración eficaz se vienen cumpliendo, y las declaraciones que han vertido Jorge Barata y Ricardo Boleira, demuestran que los exejecutivos de Odebrecht continúan en una posición de colaborar con las investigaciones que realiza la Fiscalía del Perú.
Recordó que el acuerdo no es cerrado y abre una posibilidad de renegociación pues tiene una cláusula abierta, dejando la posibilidad de incluir nuevos hechos y abrir líneas de investigación e incluso se puede incrementar el monto de reparación civil.
Advirtió que con la denuncia va surgir una voz discordante dentro del Estado, cuando el objetivo común debe ser combatir de manera eficaz la corrupción en este caso emblemático, en el que están involucrados líderes políticos y los exdirectivos de Odebrecht.
“Todo el esfuerzo que hace el Estado es objeto de una crítica interna, que debe mantenerse en un nivel que no implique una división abierta pública sobre las discrepancias y que no afecte las investigaciones que realiza el Equipo Especial”, finalizó.