El especialista Gerardo Távara manifestó para la República que 3 de los proyectos presentados por el Ejecutivo en el marco de la reforma política han sido modificados en la Comisión de Constitución del Congreso.
Ellas son las propuestas respecto a la inmunidad parlamentaria, paridad y alternancia, y financiamiento de partidos políticos.
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En el dictamen aprobado por Constitución se varía el proyecto inicial del Ejecutivo. El gobierno sugiere que la Corte Suprema sea el organismo encargado que revise el levantamiento de la inmunidad parlamentaria; no obstante, la mesa presidida por Rosa Bartra determinó que sigan siendo los legisladores que estén a cargo de evaluar esos casos.
“Hay un paso atrás cuando se señala que para el caso de levantar la inmunidad de arresto se necesita una sentencia firme, lo cual va en contradicción con lo que señala la ley procesal penal, que establece que cuando hay una sentencia condenatoria la apelación no suspende los efectos de esa sentencia”, manifestó Gerado Távara para La República.
“Son los casos de los congresistas Edwin Donayre y Benicio Ríos, en el que el Congreso exigió a pesar de que el Poder Judicial explicó que eso no era necesario, que hubiera sentencia de segunda instancia para levantarles la inmunidad, y recordemos que ambos congresistas tuvieron tiempo para fugarse; el exparlamentario Donayre continúa prófugo”, añadió.
Asimismo, el exmiembro de Transparencia apuntó que es necesario que otra institución ajena al Congreso debe analizar esos casos.
“Podría ser la Corte Suprema como lo podría ser el Tribunal Constitucional, pero sí creo que es importante que para el equilibrio de poderes esto esté a cargo de un órgano externo, porque actualmente el Congreso tiene la potestad de vacar a un presidente de la República”, sostuvo.
“También puede destituir a un juez supremo, mas el Poder Judicial no tiene la potestad de juzgar a un congresista mientras el Parlamento no le de permiso, esa es la irracionalidad de una inmunidad parlamentaria que solamente puede ser levantada por el Legislativo”, adicionó.
Si bien el dictamen aprobado indica que aumentará progresivamente el porcentaje de mujeres candidatas al Congreso hasta que sea el 50 % de postulantes, se pretende que en 2021 pase por una evaluación la ley y ver si debe seguir vigente o anulada.
“Me llama la atención es que haya una disposición complementaria que señala que seis meses después de las elecciones 2021, se hará una evaluación del impacto sobre esta norma para ver si se mantiene o se suprime; el impacto de las reforma política no puede medirse en tan solo una elección o un proceso electoral, los impactos tardan un poco”, dijo Gerardo Távara.
Resaltó en que además se le dejará una tarea complicada a los legisladores del próximo Gobierno.
“No se trata de hacer una reforma política para 2021 sino para largo plazo. Decir que en la próxima elección se va a evaluar y decidir si se mantiene o se suprime sin señalar cuáles serán los criterios es dejarle demasiada potestad al siguiente Congreso; es algo que a mí me parece preocupante y no termina de entender cuál es la lógica de eso”, declaró.
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Gerardo Távara explicó que la ley vigente detalla que los aportes anónimos están prohibidos. No obstante, el dictamen modifica ella, e intenta que un partido político si pueda ser financiado por anónimos si es que nos pasan la suma de 4 UITs.
En una eventual aprobación de ese dictamen en el Congreso, si 60 personas anónimas contribuyen a un partido el límite económico (16800 soles), se podría llegar hasta 1 millón de soles.
“(En la propuesta del Ejecutivo) se ha incorporado cómo debe ser el delito del financiamiento ilegal de la política al código penal cuando se recibe o se pide fondos de procedencia prohibida, pero luego (en el dictamen aprobado en Constitución) en la parte en el que se señala cuáles se consideran fondos de procedencia prohibida, se habla de aportes anónimos superiores a 4 UITs, es decir, superiores a 16800 soles”, advirtió.
“Pero hoy, la ley ya prohíbe los aportes anónimos, todo aporte anónimo está prohibido; entonces, cuando ahora se dice de que se considera prohibido los aportes superiores a 4 UITs, ¿debemos entender entonces que se permiten aportes anónimos hasta 4 UITs? ¿Eso es lo que está tratando de decirnos el Congreso? [...] Allí hay un tema que debe corregirse. Lo que tiene que mantenerse es que todo aporte anónimo está prohibido”, agregó.
En la presente semana se verán en el Pleno del Congreso los 3 dictámenes aprobados. Vale recordar que la mayoría parlamentaria (Fuerza Popular) integra la Comisión de Constitución.