Ley que favorece a Keiko no debe frenar la reforma

Por: Diego Quispe Sánchez

Uno de los dilemas que hay en la Comisión de Constitución es la revisión del Proyecto de Ley 4189, de reforma política, referido al financiamiento de partidos políticos. La presidenta de este grupo, Rosa Bartra, alega que no puede analizarse esta propuesta mientras no se resuelva la reconsideración planteada el año pasado para que la iniciativa que tipifica los aportes ilícitos en el Código Penal y reduce su sanción a 10 años, retorne a Constitución.

El lunes último, sus colegas Gino Costa y Marisa Glave acotaron que no es necesario esperar ese veredicto para debatir la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, el 19 de junio, como informó ayer La República, Bartra ya había enviado un oficio a Salaverry solicitándole un Pleno para resolver este punto. El argumento de la fujimorista se basa en que el reglamento del Congreso no permite revisar dos proyectos de ley similares en la misma legislatura.

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La Oficialía Mayor del Parlamento discrepa y, por eso, le respondió por escrito a Bartra el último martes. El oficio, al que este diario tuvo acceso, aclara en el literal siete que la iniciativa del Ejecutivo y la ley en cuestión son de diferentes características y no hay problema en que la propuesta del Gobierno se analice en Constitución hasta que el Pleno aborde la otra iniciativa. “No resulta necesario incluir la referida reconsideración en la agenda fija del Decreto de Presidencia”, concluye el documento.

¿Qué busca Bartra?

El dictamen multipartidario que tipifica el financiamiento ilegal de partidos disminuiría sustancialmente las sanciones a los investigados por lavado de activos en el caso Lava Jato, según el penalista Luis Lama Puccio. “Lo que se busca es impunidad”, refirió.

Para el exfiscal Avelino Guillén, el Equipo Especial Lava Jato aplicó “correctamente la figura de lavado de activos en razón a los fondos utilizados por los partidos, provenientes de presuntos delitos” en los casos de Keiko Fujimori, Alan García, Luis Castañeda, Ollanta Humala, etc.

En el escenario de que el Pleno debata la reconsideración, la posibilidad de aprobar la norma, por insistencia, con votos fujimoristas y sus aliados políticos, es enorme. Tal contexto, según Guillén, ocasionaría que los investigados por lavado de activos en Lava Jato demanden que lo imputado anteriormente, “al no estar tipificado, no es sancionable penalmente”. Fuentes del Ministerio Público comparten esta tesis: “Discutirán la tipificación diciendo que antes no era delito interponiendo excepciones”.

Y, en efecto, la figura es inusual: un partido político con una lideresa en prisión por el caso Lava Jato insiste en debatir una ley que, en caso sea aprobada y promulgada, podría reducir su eventual sentencia.

En el Ministerio Público consideraron, además, que dar luz verde a dicha ley “es una forma de entorpecer (las pesquisas) y reafirma la tesis de obstrucción”. La norma fue aprobada el 5 de diciembre, con votos de FP, Apra y PPK. Dos días después, Salaverry señaló que no la firmaría y, del mismo modo, el presidente Martín Vizcarra anunció que la observaría.

Por su parte, el vocero de PPK, Jorge Meléndez, aseguró que su bancada se rectificará y votará a favor de la reconsideración para que esta ley vuelva a comisiones. En esa línea también votará Nuevo Perú, según su vocero alterno Alberto Quintanilla. Por ahora la pelota está en la cancha de la Comisión de Constitución.

La clave

- Palabra en juego. Insistir con aprobar la ley que tipifica el delito de financiamiento ilícito no honra la confianza que brindó el Congreso al Gabinete Ministerial por la reforma política.

Documento de Oficialía Mayor

Aclaran a Rosa Bartra que la propuesta del Ejecutivo y la ley del Congreso que tipifica aportes ilícitos son distintas.