“Destruir el convenio de colaboración era el objetivo de Chávarry. No logró su cometido, pero ganó tiempo al dilatar hechos que serán inevitables”.,Hace una semana escribía que el 2019 comenzaba mucho mejor que el 2018. Poco duró esa certeza. El 31 de diciembre a las 8 de la noche, el fiscal de la nación, Pedro Gonzalo Chávarry, anunciaba al país la remoción de los fiscales Vela y Pérez, núcleo central del equipo de fiscales encargados del caso Lava Jato en el Perú. La fecha y la hora hicieron recordar un evento similar. En las últimas horas de 1999 el Jurado Nacional de Elecciones autorizaba la inconstitucional segunda reelección de Alberto Fujimori. Por si no recuerdan cómo terminó esa historia, pocos años después, algunos de esos vocales, asiduos visitantes de Montesinos que desfilan en los vladivideos, fueron condenados. ¿Cuál fue el delito de Chávarry? ¿Acaso la ley no lo facultaba a remover a los fiscales Vela y Pérez? Nadie puede discutir que tenía la competencia para hacerlo. No puede sacarlos de la carrera porque son fiscales titulares, pero sí removerlos de encargaturas, que él mismo había designado y devolverlos a su fiscalía de origen. El asunto aquí no es de competencia sino de la intención dolosa detrás de este acto. Las delaciones de Odebrecht, ese momento aterrador para los corruptos y sus secuaces, estaba a solo quince días de suceder. Destruir el convenio de colaboración era el objetivo de Chávarry. No logró su cometido, pero ganó tiempo al dilatar hechos que serán inevitables. Ese delito se llama obstrucción de la justicia. También puede ser acusado por abuso de poder. Lo hizo en flagrancia y ante todo el país. ¿Pruebas? Exigir que se haga público el convenio de colaboración entre Odebrecht y la fiscalía antes de su firma y resolución judicial hecho que lo haría inútil para cualquier fin. El más modesto practicante de derecho procesal penal sabe que por ley esos convenios son reservados bajo riesgo de perder su valor. ¿Tan mediocre es el fiscal de la nación para no saberlo? Su conducta es inexcusable. Él es la última persona que puede alegar que desconoce la ley penal. Con nocturnidad, alevosía y ventaja perpetró su delito. En la mañana del 2 de enero era obvio para los fiscales reemplazantes que, si no salían huyendo, serían juzgados como cómplices. Renunciaron y Chávarry no encontró a nadie que los reemplazará. El país protestaba, Vizcarra marchaba al Congreso con su proyecto de ley de emergencia para el Ministerio Público y Keiko Fujimori lo apoyaba. Los fujimoristas corrían desorientados. Chávarry retrocedió y repuso a los removidos. Alan García deliraba en Twitter mientras sus parlamentarios, aterrados por las consecuencias, ahora sí pedían la renuncia del fiscal de la nación. Sin embargo, el resto de la semana el aprofujimorismo parlamentario se ha puesto de lado de Chávarry. Alegan que el proyecto de ley del Ejecutivo es inconstitucional porque viola el artículo 158 de la Constitución. No dicen que la Constitución no se escribe pensando en que los más altos magistrados sean delincuentes. Tampoco que el mecanismo natural de destitución está en suspenso porque todo el CNM fue removido en julio por ser una entidad corrupta, ni tampoco que ellos mismos están dilatando la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Si este organismo estuviera operando no se necesitaría una ley de emergencia. Pero no lo está por culpa de ellos. Y es por culpa de ellos que la subcomisión de acusaciones constitucionales no ve las denuncias interpuestas contra Chávarry. Como lo hace el fiscal de la nación, ellos también obstruyen la acción de la justicia. Keiko Fujimori seguirá en prisión por esa misma razón. ¿No han aprendido nada? Cuando termine su mandato, el 2021 o este año, podrán ser juzgados por esto. Chávarry está prendido del cargo y no se irá voluntariamente. Si no se le destituye y el Congreso se niega a aprobar el proyecto de ley del Ejecutivo, podrá ser disuelto. No creo que se llegue a ese extremo, aunque algún aprista sueñe con ese escenario para ser reelegido el 2021. Mientras tanto un puñado de buenos fiscales y jueces se enfrenta al caso de corrupción más grande de América. Su éxito está más cerca que nunca porque pronto –días más, días menos– sabremos toda la verdad. El derecho a la verdad es el primer derecho de una víctima. Cuando una nación entera es la víctima de un latrocinio, su derecho a saber quién, cuándo y cuánto le costó esa expoliación, prima sobre cualquier otra consideración. Puede ser que la verdad procesal no llegue a agotar todo lo que tenemos derecho a saber, pero tengamos fe en que se le acercará mucho.
