Uruguay advirtió un mal uso del asilo para impedir acciones judiciales

Razones. Presidente uruguayo confirmó que en el caso de Alan García ni su vida ni su libertad de expresión estaban en riesgo; y que será juzgado por delitos comunes y económicos.,Uruguay advirtió un mal uso del asilo para impedir acciones judiciales,Uruguay advirtió un mal uso del asilo para impedir acciones judiciales,A las 10.11 a.m. de Uruguay, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa, y el presidente de la República, Tabaré Vázquez, anunciaban en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva –Plaza Independencia, Montevideo– que el gobierno había decidido no concederle asilo político al expresidente peruano Alan García y que debía retirarse inmediatamente. No hubo que pedírselo dos veces, porque "en simultáneo", sobre las "ocho y poco", hora peruana, García había abandonado la Embajada de Uruguay en Lima, con rumbo desconocido, según confirmó el embajador uruguayo en Perú, Carlos Barros. El canciller Nin comenzó recordando que el 17 de noviembre, García se había presentado en la embajada uruguaya invocando la Convención de Caracas de 1954 para solicitar asilo diplomático. El gobierno uruguayo, de larga tradición pro-asilo, le dijo "pase nomás", pero de inmediato, y sin ninguna urgencia, se tomó dos semanas para estudiar el caso. PUEDES VER ONPE: Consulta aquí con tu DNI tu local de votación para el Referéndum 2018 "Hay dos artículos esenciales en la Convención de Caracas. Uno, el número 2, establece que hay un derecho del Estado a conceder asilo, pero no está obligado ni a otorgarlo, ni a declarar por qué lo niega. Pero el artículo 3 de la Convención de Caracas dice, con toda claridad, que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales competentes y por delitos comunes", dijo Nin esta mañana –sobre las 10.15 de Uruguay, 8.15 de Perú– al anunciar la decisión tomada. El canciller explicó que tomó, entre otros, argumentos del extinto constitucionalista Manuel Vieira, quien en su obra "Derecho sobre asilo diplomático" redactó lo siguiente: "Este derecho constituye uno de los factores fundamentales para la protección de vidas humanas, cuya única culpa es la de clamar por la libertad de sus creencias filosóficas, políticas o religiosas" y advertía acerca de "los graves peligros que podía causar el mal uso del instituto del asilo para impedir el accionar de la Justicia, proclamando así la impunidad", leyó Nin. Luego, el presidente uruguayo confirmó que en el caso del líder del Apra, no corre peligro su vida ni su libertad de expresión. Y además, entiende el gobierno uruguayo, será juzgado por delitos comunes, económicos y administrativos, pero no es un perseguido político. "Se ha instruido al embajador de Uruguay (en Perú), hemos hablado con el canciller del Perú para que invite al señor Alan García a retirarse de nuestra representación diplomática", expresó. PUEDES VER PJ anula impedimento de salida del país contra Ivan Noguera y Guido Aguila De inmediato, el presidente Vázquez resumió: "En pocas palabras, no hemos concedido el pedido de asilo, entre otras cosas, por los elementos jurídicos mencionados, y también porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente de Perú". Vázquez aclaró que había tomado esa decisión, en conjunto con el canciller Nin, por consideraciones "estrictamente jurídicas y legales", haciendo caso omiso a presiones de organizaciones de derechos humanos, o lobbies políticos tanto a favor como en contra del asilo político al dos veces presidente peruano Alan García. Vale recordar que el jueves 22 y viernes 23 de noviembre, delegaciones de legisladores del Frente Amplio y del Apra llegaron hasta Montevideo para hablar con sus pares uruguayos y hablar con medios de comunicación, para hacer sentir su voz. Vázquez contó que dos semanas atrás recibió una amplia documentación del presidente de Perú –de mil folios–, a lo que se le sumaron documentos de la Cancillería peruana, de los abogados de Alan García y cartas del político acusado. El gobierno uruguayo, que no tenía plazo para tomar una decisión, estudió minuciosamente la documentación y se amparó en argumentos de connotados juristas para arribar a la medida adoptada. PUEDES VER Fiscal Pérez solicitaba reiteradamente personal para entregar caso Chinchero Mientras Alan García se retiraba de la embajada uruguaya en Lima, en el barrio limeño de San Isidro, y se especulaba con que su próximo destino podría estar en México o Costa Rica, en Montevideo los principales dirigentes del sistema político respaldaban la decisión tomada por el gobierno uruguayo. "Es una buena decisión del Gobierno haber negado el asilo político a Alan García. Bien", tuiteó a las 9.30 de Perú (11.30 de Uruguay) uno de los líderes de la oposición y preferido en las encuestas dentro del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Con él coincidió su contrincante de cara a las internas nacionalistas, Jorge Larrañaga, quien se expresó de forma casi idéntica y también en Twitter: "Apoyo decisión del Gobierno que niega asilo político a Alan García. Está bien". Esta coincidencia del principal partido de la oposición con el gobierno no es menor, considerando que la campaña electoral en Uruguay ya comenzó (las internas serán en junio de 2019, la primera vuelta de las elecciones nacionales serán el último domingo de octubre de 2019), y las coincidencias con la administración de Vázquez (Frente Amplio) son muy escasas. Esta es, claramente, una excepción. "En cuanto se lo comuniquemos al embajador (Carlos Barros), (García) se tendrá que retirar inmediatamente", culminó Vázquez ayer. Pero para esa hora, la "invitación" ya había sido aceptada, y Alan García se había retirado de la embajada como llegó. El pedido de asilo del líder del Apra –quien vive en Madrid con su esposa y un hijo de 12 años– se dio a raíz de la investigación judicial que se dio contra él y miembros de su gobierno por coimas, dentro de la causa Odebrecht, que también involucra a otros expresidentes peruanos. García está siendo investigado por sobornos en la concesión del metro de Lima. Estas coimas se han estimado en unos 24 millones de dólares.