Diferentes organizaciones y redes de sociedad civil del Perú como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Asociación Nacional de Centros, Confederación General de Trabajadores del Perú, Instituto de Defensa Legal, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos, saludaron la decisión tomada por el presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, de no conceder el asilo diplomático al ex presidente Alan García Pérez, sosteniéndose en estrictas razones jurídicas que responden a la rigurosa aplicación de los artículos 2° y 3° de la Convención sobre Asilo Diplomático de la OEA (Caracas, 1954). "No hemos concedido el pedido de asilo, porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado. Es precisamente el Poder Judicial (peruano) el que está llevando a cabo las investigaciones de eventuales delitos económicos. Por estas consideraciones, estrictamente jurídicas y legales, el presidente y el canciller no concedemos el asilo político", señaló Tabaré Vázquez. La conclusión de la delegación peruana fue que Uruguay tomaría su decisión respetando escrupulosamente el marco de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, considerando especialmente la información sobre la situación actual del estado de derecho en el Perú, así como, sobre la independencia y capacidad del sistema de justicia para garantizar los derechos de quienes son procesados, en particular de quienes vienen siendo investigados por el caso LavaJato. Luego de conocerse la respuesta por parte del gobierno de Uruguay, el ex-presidente García abandonó la residencia del embajador de Uruguay. En este sentido, desde la sociedad civil se exhorta al Ministerio Público y Poder Judicial continuar con las investigaciones sobre el caso LavaJato, las mismas que comprometen además de Alan García, a Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Susana Villarán, Luis Castañeda Lossio, entre otros representantes de la política nacional.
