Para el fujimorismo el tema de fondo es mantener a sus operadores en el poder judicial para asegurar la impunidad de Keiko y Alan García.,Carlos Marx utilizaba la metáfora de la historia como un viejo topo que hoza bajo la tierra, abriendo caminos que tratamos de adivinar. Nadie podía haber predicho que la liberación de Alberto Fujimori rompería al fujimorismo y lo colocaría en un camino cuyo destino final es la irrelevancia política. Cuando PPK decidió indultar a Fujimori no podía imaginar qué caja de Pandora estaba abriendo; su horizonte no iba más allá de mejorar en algo su correlación para negociar con Keiko su permanencia hasta el 2021. Como es sabido, la primera víctima de su genial jugada fue él mismo, cuando fue obligado a renunciar a la presidencia. La segunda, Kenji, al que expulsaron del partido fujimorista junto con sus leales, suspendieron en sus funciones en el Congreso y cortaron el proyecto de convertirse en un líder de relevancia nacional, por fuera de la tutela de su hermana. Y la tercera Keiko, que ignoraba que al hacer un enroque entre PPK y Vizcarra se deshacía de un gringo despistado y conciliador para cambiarlo por un político decidido, que en poco más de un mes ganó la iniciativa, arrinconó al fujimorismo contra las cuerdas y la canceló como candidata verosímil para la presidencia de la República. Para el 4 de octubre se espera muchas novedades, pero el partido de fondo es el relativo a la cuestión de confianza planteada por el gobierno, en un escenario en que el respaldo de Keiko ha caído a 10% y su rechazo está por encima del 80%; el presidente del Congreso, Daniel Salaverry tiene 10% de apoyo y el Congreso 7%. La situación debe haber empeorado luego del blindaje a Hinostroza, Chávarry y Becerril. Los resultados de la encuesta de Pulso publicada por Gestión el 1° de octubre sitúan al presidente Vizcarra en su mejor momento. Su aprobación saltó de un mes a otro 14 puntos, al 61%. Su popularidad supera a su desaprobación por el doble. En el centro y el sur, las regiones que le han sido más esquivas, ha subido 20 puntos y ha crecido en todas. Esto le da un amplio margen de juego. Si Martín Vizcarra decide cerrar el parlamento contará con el apoyo de las dos terceras partes del país. En un eventual cierre del Congreso es poco probable que el fujimorismo pudiera articular una resistencia debido, en primer lugar, a su propia desarticulación. No es convincente tampoco la amenaza de un golpe de Estado, pues ningún militar se lanzaría a una aventura golpista sin el apoyo de los empresarios y de la embajada norteamericana y Keiko Fujimori ha perdido ambos. Tendría pues que resignarse a participar en una elección parlamentaria que sinceraría la política peruana. La representación parlamentaria fujimorista está sobredimensionada. El fujimorismo obtuvo el año 2016 el 26% de los votos emitidos, y por esa votación le dieron el 56% de los escaños: más de la mitad del Congreso a cambio de una cuarta parte de los votos. Esto es así porque los votos nulos, en blanco y los endosados a organizaciones que no superaron la valla electoral fueron distribuidos entre las organizaciones que alcanzaron una representación parlamentaria a través de la cifra repartidora, premiando desproporcionadamente a la organización que ganó el primer lugar. Después el fujimorismo dilapidó esa mayoría gracias a la patanería, soberbia y prepotencia de operadores políticos del estilo de Becerril, Galarreta, Alcorta y Chihuán, y a su papel de instrumento de las pataletas de Keiko y sus venganzas infantiles. Hace algunos meses Becerril afirmaba que en nuevas elecciones parlamentarias seguramente los fujimoristas incrementarían el número de sus representantes. Hoy Keiko podría darse por bien servida si pudiera colocar un 15% de parlamentarios, lo que cambiaría radicalmente el escenario. Aparentemente en el gobierno se ha impuesto la línea de César Villanueva y se darán por satisfechos con que el Congreso apruebe las reformas planteadas por el Ejecutivo con algunos cambios, para guardar las apariencias. Para el fujimorismo el tema de fondo es mantener a sus operadores en el poder judicial para asegurar la impunidad de Keiko y Alan García. Aparentemente Vizcarra confía en que podrá convivir con Keiko, negociando los tres próximos años. La memoria es corta. Pero los 26 parlamentarios fujimoristas que firmaron un pronunciamiento, tomando distancia de su dirección nacional, y Daniel Salaverry, que fue a negociar con Vizcarra, temen que se imponga la corriente bruta y achorada del fujimorismo y con su intransigencia precipite la declaración presidencial que dé por rechazada su cuestión de confianza, procediendo a disolver el Congreso y a convocar nuevas elecciones parlamentarias. Veamos qué sorpresas nos reserva el viejo topo.
