Pero al mismo tiempo es evidente que los infractores del sistema judicial están en una situación mucho más frágil que los del sistema político.,Controlar el sistema de justicia es la ambición de los grupos políticos expansivos y sin escrúpulos, de cualquier tamaño. Permite actuar en cualquier dirección sin temor a las consecuencias. También permite empapelar a quienes se oponen a esa expansión de poder. Con solo esas dos cosas, ese control es un arma a la vez medio secreta y muy nuclear de la política. El abogado Vladimiro Montesinos lo comprendió temprano, y montó las redes de control que le dieron al fujimontesinismo casi un decenio de impunidad en los más variados aspectos, incluidos por cierto flagrantes delitos. La norma para esto fue tener siempre al hombre clave en el cargo clave, y deshacerse de jueces, fiscales y normas legales inconvenientes. Uno de los primeros mensajes de alerta sobre que Alberto Fujimori caía fue cuando el Banco Mundial en 1998 suspendió el préstamo dado para la reforma del Poder Judicial, por la ley que recortó las facultades del Consejo Nacional de la Magistratura. Se rizó el rizo contra un organismo creado por la propia Constitución de Alberto Fujimori, 1993. Los audios han sido la revelación de un proceso similar en marcha. Los indicios ya habían venido apareciendo, sobre todo en la forma como lo judicial actuaba con pies alados en unos casos de contenido político, o los arrastraba en otros. Nada tan descarado como en los años 90, pero es que la cosa recién se estaba instalando. En colusiones político-judiciales como las que estamos comentando los funcionarios de la justicia comprometidos no son ni remotamente inocentes. Pero la voz cantante la lleva el grupo político, que tiene un proyecto más elaborado que simplemente acomodarse en la carrera pública. Algo así como la típica antinomia de pecar por la paga o pagar por pecar. Todo esto complica (no impide de plano) cualquier deseo de reformar el sistema judicial sin modificar radicalmente el sistema político. Pero al mismo tiempo es evidente que los infractores del sistema judicial están en una situación mucho más frágil que los del sistema político. Por lo menos es por allí que la pita suele romperse. El trabajo más notorio y peligroso en este campo ha venido siendo el de Fuerza Popular. Pero no es el único. Son muchos los que han venido actuando de parecida manera. Uno llamado Podemos viene a la mente.
