Se reabre el caso al conocerse que el expresidente Kuczynski asesoró a Hunt Oil Company, una de las empresas integrantes del consorcio Camisea, antes y después de ser titular del MEF.,La situación jurídica del expresidente Pedro Pablo Kuczynski se sigue complicando. La fiscal Zoila Sueno Chirinos decidió reabrir la investigación a PPK por los contratos del lote 56, entre Perúpetro y el consorcio Camisea. Este caso fue investigado el año 2008, a partir de un examen especial de la Contraloría al proceso de contratación del lote 56 o Camisea II. Dicho examen determinó que la negociación directa y el contrato fueron dañinos para el Perú y totalmente favorables al contratista, en los siguientes aspectos: Irregularidades PUEDES VER Gobierno de PPK no permitió a Toledo objetar extradición, denuncia Benítez La lista de irregularidades se puede detallar así: 1) El gobierno no promocionó en forma adecuada el Lote 56 de tal manera que el único postor, y por invitación, fue el consorcio que ya explotaba el lote 88 o Camisea I. 2) Para las regalías se asumió supuestos volúmenes de reserva de gas (2,02 trillones de pies cúbicos-Tcf) y liquidos (131,11 millones de barriles-Mb), cuando ya se conocía la existencia probada de 2,7 Tcf de gas y 192,90 Mb de líquidos. 3) Se fijó un precio tope para las regalías que recibiría el Perú si los precisos del gas subían internacionalmente. A partir de ese tope, todas las ganancias de incremento de precios serán para el contratista. 4) Se estableció plazos no previstos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permiten que el contratista retenga bienes e instalaciones que deben pasar al Estado, por mayor tiempo, al de la conclusión del contrato. 5) Se autorizó a Camisea a vender toda la producción de gas a Perú LTD para exportación, contraviniendo la Ley que señala que el derecho de exportación es del contratista, no de un tercero. Con lo cual, además, no se garantiza el abastecimiento interno. El contrato del lote 56 fue aprobado mediante el decreto supremo N° 033-2004-MEF por el entonces ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, el 25 de agosto del 2004. Mientras que, el 28 de agosto del 2004, se publicó el Decreto Supremo N° 123-2004, que liberó a Camisea del pago de un impuesto de dos puntos porcentuales del contrato, previstos para exploración y explotación. Nuevas evidencias Pero el 2008 el caso se archivó porque no se pudo establecer un vínculo entre los funcionarios que participaron en las negociaciones y firma del contrato y los integrantes del consorcio Camisea, más allá de las reuniones protocolares. En esa época, Kuzcynski negó tener relación con empresas integrantes del consorcio Camisea: Pluspetrol Perú Corporation Sucursal de Perú, Hunt Oil Company of Peru LLC Surcursal del Perú, SK Corporation Sucursal Peruana, Tecpetrol Bloque 56 SAC y Sonatrach Perú Corporation SAC. Hoy, a partir del caso Lava Jato en el Perú, Kuczynski declaró en el Congreso que asesoró a Hunt Oil, sobre inversiones en el gas de Camisea, en 1999 y luego entre el 2003 y 2004. PPK fue ministro de economía del 28 de julio de 2001 al 11 de agosto de 2002, en el gobierno de Toledo. Al dejar el gobierno, entre el 2003 y el 2004, vuelve a asesorar a Hunt Oil, hasta que el 16 de febrero del 2004 regresa como titular del MEF y se firma el contrato. Contraloría Es a la luz de estos nuevos hechos que la Fiscalía decide reabrir la investigación al expresidente y exministro Kuczynski. La situación de otros funcionarios se definirá de acuerdo al avance de las indagaciones. Como una de las primeras medidas, se ha dispuesto que la Contraloría termine el examen especial 240-2008, con un peritaje que defina el perjuicio económico que las irregularidades detectadas generaron al Estado. Establecer este tema será vital para avanzar la investigación por delito de colusión. El pedido ya fue presentado al contralor Nelson Shack. Lo que el contralor decida definirá el futuro de PPK. Amplían indagación en caso Gasoducto El Equipo Especial del Ministerio Público amplió la investigación del caso Gasoducto del Sur para comprender a nueve exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas, por la devolución a la empresa Kuntur (Odebrecht) de una carta fianza por US$ 66,7 millones. Además, el fiscal Luis Ballón Segovia remitió un informe al fiscal de la Nación para que también se investigue por el mismo hecho al expresidente Ollanta Humala y los exministros Jorge Merino Tafur y Eleodoro Mayorga Alba. Según las indagaciones hubo una serie de dilaciones en la suspensión del proyecto que generaron que de manera indebida se devuelva la mencionada carta fianza, ordenada por el experto técnico Alfredo Dammert Lira. Entre los exfuncionarios incluidos en la investigación están los exviceministros Luis Ortigas Cúneo y Dicky Quintanilla Acosta.
