En digital, toda transacción deja rastro: el de quién la hizo y el de quién la recibió. Si hay algo que facilita fuertemente la transparencia, es justamente la digitalización de procesos y también de datos. En el Perú, desde hace unos años se vienen desplegando esfuerzos relevantes por digitalizar y poner a disposición de tod@s, datos públicos y también algunas transacciones/trámites. Estos esfuerzos se enmarcan dentro de lo que se puede considerar una política de “datos abiertos” –“open data” en inglés– cuyo objetivo central es generar una nueva manera de relacionarnos con el Estado y toda su maquinaria. Esta versión mejorada del Estado debería ser una que se caracterizaría por su cercanía con el ciudadano –todos nosotros– a través de una actividad intensa de rendición de cuentas y accesibilidad/transparencia a sus instancias, funcionarios y procesos. En el mejor de los casos esta versión mejorada del Estado, debería ser uno “de puertas abiertas” o un “gobierno abierto”. Pues esta versión mejorada de la administración pública podría estar más cerca de concretarse en el país con la creación de la nueva Secretaría de Integridad que debería encontrar en la tecnología digital un instrumento ideal para luchar contra la corrupción. Tal vez una manera sencilla de empezar, sea escogiendo una entidad pública “piloto” en la que puedan probar acciones de digitalización tanto de procesos como datos. Esta entidad podría servir además como un modelo que luego podría replicarse y que podría servir de insumo para los distintos instrumentos/acciones que desplegará la novísima Secretaría de Integridad. Quién sabe, sin querer queriendo el presidente Vizcarra inaugure la época del “Gobierno Abierto” en el Perú, tal como sucedía con Barack Obama unos años atrás en sus cuarteles de Washington. Quién sabe.
