¿Existe una política del odio en el Perú?,¿Existe una política del odio en el Perú? Por lo pronto Martín Vizcarra ha pedido dejar de practicarla. Pero el fenómeno necesita ser definido y puesto en contexto. Lo que entre nosotros pasa por odio es más bien un estilo de hacer política. A veces lo que parece odio es solo descalificación interesada, que no impide asociarse con los descalificados. Sin mucha ideología no puede haber mucho odio. Es probable que el odio al que se refiere Vizcarra sea sobre todo la ya vieja tirria entre fujimoristas y antifujimoristas, reanimada con las elecciones del 2016 y con el indulto a Alberto Fujimori en el 2017. Son los fujimoristas quienes al empezar a moverse los fiscales consideraron que había un odio. Evidentemente la idea ha pegado. Si acaso hay odio en la política, hoy tiene claros límites. A pesar del autogolpe de 1992 y sus secuelas, los sectores democráticos del país han participado con los fujimoristas en sucesivas elecciones. De otra parte la derecha ha entrado a esas elecciones al lado de partidos de izquierda que unos años antes denostaban de la idea misma, y esa izquierda ha aceptado competir con grupos que representan aquello que ella rechaza. Visto así, Vizcarra podría estar aludiendo a una situación que permite a todos competir electoralmente, pero luego impide llegar a acuerdos prácticos con determinados competidores. En ese impedimento estaría el odio, como una incapacidad, esencialmente irracional, para concebir y aceptar que hay intereses más importantes y urgentes que la confrontación. Lo que ahora último ha dado a esa confrontación irreductible buena parte de su importancia (eso que se está llamando odio) es el auge de los descubrimientos sobre corrupción. La corrupción de un político en efecto lo descalifica de plano, y vuelve imposible llegar a acuerdos básicos por encima de las discrepancias ideológicas. En consecuencia los dos pedidos iniciales de Vizcarra, no al odio y no a la corrupción, se contradicen en la práctica. Salvo que no se esté refiriendo a todos los sospechosos y todos los acusados, sino a una parte específica de ellos. En este sentido mejor dejar las tareas de la anticorrupción a las instituciones especializadas, y políticamente neutras.
